«La rápida urbanización y el crecimiento de la mancha urbana en particular son el reflejo de una falta de planeación y sostenibilidad, que resulta en múltiples problemas sociales y económicos«

Desde el 2012, con la firma del “Pacto por México”, las agendas de las reformas estructurales transversales han tenido como principal objetivo la competitividad y el crecimiento económico del país, tomando las políticas de vivienda y de desarrollo urbano como principales ejes. Dentro de esta agenda se han establecido diversas metas como lo son: una mayor coordinación institucional, un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente, reducción del rezago habitacional y el procurar una vivienda digna para los ciudadanos. Por lo anterior y debido a la rápida expansión de la población y urbanización, es que el INFONAVIT destinó 12.9 mil millones de dólares a la financiación de vivienda en México en tan solo un año (OCDE).

Dicho lo anterior, últimamente se ha observado cómo la expansión urbana ha crecido de una manera dispersa y no compacta espacialmente, cada vez más lejos del centro de las ciudades. Por consiguiente, la dispersión de las viviendas ha ocasionado un aumento en la congestión, pérdidas de productividad y menores niveles de bienestar. A pesar de las implicaciones sociales y económicas los desarrolladores, por medio de los subsidios estatales, deciden construir en la periferia por los costos de suelo e infraestructura. Asimismo, es importante tomar en cuenta que los programas nacionales de vivienda tienen objetivos cuantitativos, es decir, números de unidades construidas en detrimento de los cualitativos (Libertun N, 2018). Estas estrategias y planeaciones urbanas se han convertido en uno de los retos de la urbanización en México.

La problemática surge principalmente por la falta de coordinación entre los actores públicos, sociales y privados. De acuerdo con los estudios de la OCDE, en la actualidad existen múltiples actores que influyen dentro de las políticas de vivienda y desarrollo urbano. Sin embargo, lo anterior no implica que se lleguen a soluciones eficientes (OCDE). Al contrario, el hecho de que exista una gran participación tiene como resultado políticas incoherentes y duplicidad de funciones, conllevando al desaprovechamiento de recursos. En adición, ¿se puede atribuir la corrupción a los desafíos urbanos?

El tema de las finanzas y el gasto público siempre ha sido controversial, pues a pesar de la existencia del marco normativo y de las leyes que imponen la transparencia y prácticas éticas, existe complicidad entre la clase política, lagunas legislativas y corrupción entre los tres ámbitos de gobierno. Por lo anterior, es que el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project ubica a México entre los 20 países donde los servidores públicos son más corruptos (IMCO). En el caso de México, el Gobierno federal es el encargado de subsidiar la planeación urbana y desarrollo social por medio de los egresos de la federación. De acuerdo con un estudio realizado por el Congreso Internacional de la Academia de Ciencias Administrativas, el gasto público medido en relación con el Producto Interno Bruto ha aumentado en las últimas décadas, aunque esto no implica que los criterios de asignación y control sean los adecuados para lograr una mejor asignación, distribución y crecimiento de la economía (ACACIA, 2010).

Se debe hacer hincapié en la existencia sobre el marco normativo, específicamente la Ley de Transparencia, que entró en vigor en el 2003, en la que se establecen los requisitos de estructura orgánica, presupuestos y ejecuciones, metas y servicios, informes por disposición legal y demás, donde 9 de 32 Estados no cumplen con las anteriores. Ahora bien, tomando como ejemplo el caso de Monterrey, se observa a través de la encuesta de Percepción Ciudadana como el 40% de los ciudadanos considera que sus representantes políticos no utilizan de manera correcta los recursos públicos (Lara J, 2017).

Por lo tanto, el conocimiento de la gestión y distribución del capital es fundamental para establecer los alcances y limitantes que comprende la planeación urbana dentro de México, así como la correcta distribución del mismo. Es fundamental que los hacedores de política pública se coordinen con el sector privado y fortalezcan las capacidades institucionales para garantizar un futuro sostenible en donde todos los ciudadanos gocen de igualdad de derechos, acceso a servicios públicos y donde el país pueda desarrollarse tanto social como económicamente.

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Bibliografía

IMCO,. México: Anatomía de la corrupción Recuperado de https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf

OCDE,. Transformando la política urbana y el financiamiento de la vivienda Recuperado de https://www.oecd.org/gov/sintesis-del-estudio-mexico.pdf

Libertun N,. (Mayo 2018) Vivienda social en la periferia urbana ¿por qué allí? Una mirada sobre políticas habitacionales en América Latina Recuperado de https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/por-que-alli-una-mirada-a-la-vivienda-en-america-latina/

ACACIA,. (2010) Calidad del gasto público y proceso presupuestario en México Recuperado de http://acacia.org.mx/busqueda/pdf/CALIDAD_DEL_GASTO_P__BLICO.pdf

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