Las recientes protestas de la población en países como en Francia, Chile, España y Grecia, son una muestra de que los sistemas de pensiones enfrentan grandes retos para mantener su estabilidad. La función principal de un sistema de pensiones consiste en asegurar a los trabajadores, en el momento que finalizan su actividad laboral por motivo de edad, que puedan disponer de ingresos suficientes para la vejez. Sin embargo, cada vez enfrentan mayores dificultades que ponen a prueba su viabilidad y México no es ajeno a este panorama mundial.

El primer reto a enfrentar es la solvencia, que es la capacidad de los organismos para hacer frente a los pagos por concepto de pensiones. Bajo el funcionamiento del sistema de reparto público, el gasto en pensiones es uno de los mayores rubros que mayor presión ejerce sobre las finanzas públicas. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se prevé un gasto total de 695 mil millones de pesos, 6.2% más que en el presupuesto del año pasado y representa 16% del gasto público total estimado.

El segundo reto es el monto de las pensiones. De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), solo el 1% de los 75 mil trabajadores que se van a jubilar en 2021 podrán acceder a una pensión mediante el esquema de cuentas individuales (AFORES), que se financian mediante aportes de los trabajadores, empleadores y gobierno, y, a su vez, solamente 50 personas tendrán un monto mayor a los $ 700,000 para acceder a una renta vitalicia. Esta situación es preocupante por el escenario que se enfrentan aquellas personas nacidas después de 1997 una vez incorporadas al mercado laboral, debido a la precariedad en la vejez y la incapacidad para mantener una buena calidad de vida durante esa etapa.

El tercer reto es el aumento en la expectativa de vida. El Consejo Nacional para la Población (CONAPO) estima la esperanza de vida promedio de una persona en México en 75 años, mientras que para la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2000 al 2016 la edad aumentó a 72 años. Esto representa una dificultad, pues involucra mayores costos para el sector público en el financiamiento de pensiones, tanto para el esquema anterior como para el plan de ahorro individual.

El cuarto reto radica en el empleo, pues gran parte de la fuerza laboral participa en el sector informal, que constituye un obstáculo importante en la cobertura del sistema de seguridad social para la población que envejece en el país. El sector informal se compone de trabajadores por cuenta propia o asalariados que no hacen aportaciones al sistema de seguridad social que, según el INEGI, la tasa es del 56% para 2019.

No existe una receta única para mejorar las pensiones. No obstante, para que el sistema de pensiones sea sostenible en una generación que vivirá hasta los cien años, por citar algunos ejemplos, se puede ajustar, de manera gradual, la tasa de cotización y la edad de retiro, ampliar la cobertura hacia los sectores menos estables del mercado laboral, rebajar las semanas de cotización laboral, e incluso, un pilar solidario en el que el gobierno otorga una pensión básica para quienes tienen pocos recursos acumulados en las cuentas individuales para su vejez.

La clave es una reforma de gran magnitud al sistema de pensiones. Esta tarea requiere de consenso, conocimiento y un alto compromiso con el bienestar social. El propósito es anticipar problemas en el futuro que podrán conducir a la inestabilidad social; de lo contrario, todos los esfuerzos serán una oportunidad perdida.

Las opiniones aquí expresadas son exclusivas de su autor/autora y no representan la ideología del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del mismo, el Departamento de Economía, así como a la Sociedad de Alumnos de Licenciado en Economía.