La leyenda de la cornucopia tuvo su origen en la cabra Amaltea, ama de crianza del párvulo Zeus. Jugando con uno de sus rayos, el dios del trueno rompió sin querer uno de los cuernos de Amaltea, y para compensar dicho acto, confirió poder a quien poseyera el cuerno, concediéndole todo lo que deseara. De esta manera, la cornucopia se ha simbolizado a través de la historia por medio de diversas alegorías, como la fortuna, la abundancia, la riqueza y la alegría. Hoy en día, una manifestación de este ilustre cuerno es una industria que embolsa en Estados Unidos cerca de 44 mil millones de dólares al año. Ni siquiera combinando la industria del cine y la música, o las cuatro ligas de deportes más grandes del mundo, alcanzan las cifras de este comercio del entretenimiento que conocemos bajo el nombre de casinos. 

Un contrato compuesto por el jugador, quien apela a la fortuna y se enfoca en la posibilidad de salir triunfante; por el otro lado, la casa de apuestas, un negocio asegurado que prevalecerá mientras exista el deseo del ser humano de asumir riesgos. No obstante, nos falta un personaje importante de esta historia, siendo uno que valora y dispone de este cuerno con gran potestad: nuestros gobiernos.

A la luz de la alta prioridad que reclamaron los municipios y el Estado de Nuevo León sobre la recaudación del impuesto a los casinos y su celebración por la resolución de la Suprema Corte en torno a respaldar la constitucionalidad de dicho gravamen, se vuelve relevante explorar por qué esta industria mueve tanto a nuestro sistema político y económico.

Los casinos, para fortuna de nuestros gobiernos, tienen uno de los mayores grados de propensión a aumentos impositivos de todos los sectores de la economía. En tiempos de constantes necesidades y urgencias fiscales, (como podemos darnos cuenta que es el caso de nuestro país y nuestro estado), se vuelve un recurso muy apreciado: el impuesto a casinos fue uno de los impuestos que generó mayor recaudación en Nuevo León, derramando en 2019 cerca de 900 millones de pesos, y del cual se destina una parte al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad. Para nuestros legisladores y ejecutivos, tomar esta garantía es, por el bien de las finanzas públicas, una decisión fácil.

Sin embargo, dejemos el pragmatismo de lado por un momento. Todos reconocemos sus externalidades negativas, pero que están “escondidas”. Pagamos también los costos de enfermedades relacionadas a la ludopatía, la merma de ingresos que resultan en pérdidas de productividad laboral, o la insolvencia financiera que conduce a consecuencias más graves.

Por estas razones, al reafirmar la potestad del Estado sobre este impuesto, es un tanto impropio aplaudir su rol recaudatorio. No debemos olvidar que la razón de ser de este tipo de impuestos es de actuar, en esencia, como mecanismo de disuasión. La ciencia económica ha abierto el debate sobre este tema, y ha tratado de resolver la disyuntiva costo-beneficio de los casinos a través de los teoremas del bienestar, pero todavía existe una falta de consenso. Un obstáculo serio ha sido poder medir adecuadamente en valores monetarios las repercusiones negativas de los casinos y poder sopesar dichos elementos para la toma de decisiones.

Con lo anterior, debemos visualizar el reto que involucra la regulación eficiente de esta actividad y hacer hincapié en que la importancia de su alta carga fiscal, no es solo por objetivos presupuestarios, sino por el bienestar de los individuos al fungir como desincentivante y para prevenir costos indeseables. Ahora bien, no es tan sencillo disponer del cuerno, ¿verdad?

¿Hasta qué punto los casinos son buenos para la sociedad? ¿Sus beneficios económicos pesan más que sus posibles costos sociales? 

Las opiniones aquí expresadas son exclusivas de su autor/autora y no representan la ideología del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del mismo, el Departamento de Economía, así como a la Sociedad de Alumnos de Licenciado en Economía.