Alrededor de las causas y consecuencias del cambio climático hay un consenso científico que coincide en su análisis y sus predicciones. Alrededor de las medidas para combatirlo, hay política: negociadora, confusa y volátil política.
Estudiante de 9° semestre de la Licenciatura en EconomíaFinanzas
El cambio climático es una amenaza existencial para la humanidad (IPCC, 2022). Desde ahora ya se experimentan a nivel global catástrofes causadas por el calentamiento global, las cuales son un peligro tanto para los países ricos como los pobres. Durante el 2022 se presentaron sequías que pusieron en riesgo plantas, ganado y personas en California, Estados Unidos; Veracruz, México; y Baidoa, Somalia, por mencionar algunas (Government of California, 2022; Welsh, Ochoa y Olan, 2022; Walsh, 2022). Estos eventos desastrosos se harán más probables y más fuertes si el mundo no logra evitar un aumento de la temperatura global de entre 1.5° y 2°C sobre los niveles preindustriales para el 2050. Sin embargo, es importante reconocer que, aunque los países desarrollados no están exentos, sí son menos vulnerables. Al crecer la magnitud del riesgo, también lo hará la disparidad de las consecuencias sufridas entre ricos y pobres (Burke, Hsiang y Miguel, 2015). Las crisis experimentadas y los pronósticos a futuro exhiben la urgencia de actuar para detener el cambio climático, pero la política limitó los avances que se realizaron durante el año en esta cuestión.
La carrera contra el reloj para detener el calentamiento global y la desigualdad en vulnerabilidad entre ricos y pobres son las dos tendencias que definieron las acciones más importantes del 2022 en cuestión de mitigación y adaptación al cambio climático. En cuanto a la batalla por frenar este fenómeno antropogénico destructivo, destaca la aprobación de la ley “Inflation Reduction Act” (IRA) por el gobierno de EUA, la cual conforma el paquete de acciones para promover las energías limpias más grande de la historia (Andreoni, 2022). Respecto a la justicia climática —el deseo de conciliar el hecho de que los países más pobres del mundo son los que menos contribuyen al cambio climático y los que más vulnerables son a sus consecuencias— se creó en la Conferencia de las Partes en Egipto (COP 27) un fondo de apoyo para pagar por los daños y pérdidas causados por desastres naturales en los países pobres (Plumer, Friedman, Bearak y Gross, 2022). Si bien estos son dos grandes avances, son insuficientes por sí mismos. Para entender por qué, es necesario comprender cómo intersecta en su diseño la ciencia que explica y predice el futuro del cambio climático con la política que decidirá su alcance efectivo en los próximos años.
La aprobación del IRA ejemplifica la importancia de intentar combatir el cambio climático de una manera políticamente aceptable. Esta legislación contiene $370 mil millones de dólares en subsidios y beneficios impositivos para acciones que limiten el calentamiento global. El paquete busca fomentar la innovación en las industrias de la energía limpia para facilitar su adopción masiva, promover la transición a carros eléctricos, avanzar la tecnología de captura de carbono y restaurar la naturaleza (Tankersley, 2022). Es notable la aprobación del IRA, especialmente porque es una ley que tiene décadas de historia, pues es considerada la culminación del primer intento legislativo de fomentar la transición energética en 1993 (Davenport y Friedman, 2022). La diferencia entre la ley firmada por el Presidente Biden y las distintas leyes no aprobadas sobre este tema, desde el impuesto al carbón de Al Gore hasta el sistema de tope y trueque de Obama, es que es una iniciativa construida sobre incentivos. Los anteriores intentos fueron bloqueados por ser considerados intervenciones gubernamentales sobre el libre mercado, mientras que este fue envuelto en un contexto de creación de trabajos y crecimiento para hacerlo más atractivo políticamente (el mismo nombre de la ley carece de alusiones al ambiente).
Esta diferencia resultó ser clave en términos políticos, pero puede ser una limitante para su efectividad. El economista William Nordhaus ganó en el 2018 el Premio Nobel de Economía por su trabajo que demuestra la importancia de poner un precio a la contaminación de forma que se desincentiven las actividades económicas que la generan (Appelbaum, 2018). Esto puede tomar forma de un impuesto al carbono —cobrando directamente una cantidad por unidad de emisión— o un sistema de tope y trueque, en el que se asigne un número limitado de “permisos para contaminar” y se permita a las empresas intercambiarlos, de forma que paguen por ellos quienes más los valoran. Este tipo de sistemas ya existen en diferentes lugares, y aunque son imperfectos, han logrado reducir las emisiones. Dechezleprêtrea, Nachtigall y Venmans (2022) estiman que el sistema de tope y trueque de la Unión Europea redujo entre 2005 y 2012 en 10% las emisiones de carbono de Francia, Países Bajos, Noruega y el Reino Unido. Por su parte, se estima que el impuesto al carbono de Suecia redujo en 11% sus emisiones entre 1990 y 2005 (Andersson, 2019). Estas no son reducciones suficientes para evadir la catástrofe, pero son significativas dado que son el efecto de una sola política pública que puede ser complementada por otras.
El IRA, por diseño, no limita las opciones que tienen los productores para contaminar, como lo hacen los programas citados. Opta más bien por inducir demanda mediante incentivos fiscales y favorecer el desarrollo tecnológico con subsidios para que la tecnología limpia sea más efectiva, barata y accesible. Curiosamente, este enfoque lo propone el economista que compartió con Nordhaus el Nobel en el 2018, Paul Romer. Económicamente, se puede considerar como una estrategia que busca inducir puntos de inflexión en las normas sociales que hacen el comportamiento sustentable más caro e incómodo (Nyborg, 2020). Se estima que el IRA generará el 80% de la reducción en emisiones predichas para el programa de Biden que sí incluía impuestos al carbono, el cual fue bloqueado en el 2020 por el voto decisivo del senador democrático Joe Manchin (REPEAT, 2022). Esto se traduciría en un total de emisiones 40% menor a los niveles del 2005 para el 2030. Si bien es un gran primer avance, necesitará de leyes complementarias y desarrollos de mercado favorables para cumplir con los objetivos de neutralidad de carbono.
Por otro lado, el plan de pagos por daños y pérdidas acordado en la COP 27 se enfoca en propiciar un ambiente internacional de justicia climática. Si bien los países desarrollados evitaron usar palabras como indemnización y compensación para limitar su responsabilidad a futuro, el espíritu del acuerdo es apoyar a países pobres que sufren desproporcionadamente las consecuencias de un fenómeno causado por otros actores (Plumer, Friedman, Bearak y Gross, 2022). Este año fue un trágico recordatorio de la necesidad de un acuerdo de esta naturaleza. Científicos del grupo World Weather Attribution demostraron que las inundaciones que causaron la muerte de 1000 personas en Nigeria, Níger y Chad fueron 80 veces más probables por culpa del cambio climático (Zachariah et al., 2022). El grupo llegó a la misma conclusión para las inundaciones que mataron a 1,500 personas en Pakistán, las cuales tuvieron un costo aproximadamente de $30 mil millones de dólares (World Bank, 2022). Somalia está por entrar a una situación de hambruna (causada por sequías exacerbadas por el cambio climático) que se espera cause la muerte de medio millón de niños en el 2023, en adición al desplazamiento de 1.1 millones de personas que sucedió este año. Dicho país emite el 0.14% del dióxido de carbono emitido por EUA (Walsh, 2022).
Sin embargo, puede que el acuerdo no llegue a ser mucho más que eso: una firma. Las negociaciones en Egipto terminaron antes de que se le otorgara estructura al fondo de apoyo. Solo se determinó que 24 países diseñarán el próximo año el funcionamiento del fondo —quién aportará dinero, quién podrá recibirlo y cómo lo recibirá (Plumer, Friedman, Bearak y Gross, 2022). Estados Unidos y Europa defienden que China deberá aportar al fondo y no podrá recibir recursos del mismo, por más que para fines de la COP, China es considerado como un país en desarrollo. Independientemente de esto, los países ricos ya han hecho antes promesas vacías en una COP. Hace más de 10 años anunciaron $100 mil millones de transferencias anuales, las cuales nunca se han realizado en ese monto. En el 2021, el Congreso de Estados Unidos aprobó únicamente enviar mil millones. Como compromisos para el nuevo acuerdo, hasta ahora sólo se han anunciado $300 millones de dólares entre varios países de Europa (Chandrasekhar et al, 2022).
Estos son dos de los más grandes desarrollos del año en cuestión medioambiental, pero no se deben considerar como una lista exhaustiva. En otras noticias, los productores europeos de turbinas de viento presentaron de forma generalizada pérdidas por el aumento de la competitividad de China (Reed, 2022). La invasión de Rusia a Ucrania ha acercado a Europa a reabrir sus plantas de carbón para aliviar su dependencia en gas ruso (Meredith, 2022). Varios países europeos (como Francia, Alemania y Turquía) se prepararon para activar nuevas plantas nucleares en el 2023. Pero las noticias del IRA y del fondo de apoyo acordado en la COP son las que mayor impacto tienen a nivel internacional por su realineación de prioridades y estrecha relación con la política.
Así como para dirigir una economía no bastan los modelos estudiados por economistas, para salvar el mundo del cambio climático no es suficiente leer los reportes de los científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Es vital construir puentes con los diseñadores de política pública para preparar planes de acción viables en el contexto político local e internacional. A su vez, los políticos deben encontrar junto a los científicos y los miembros de la sociedad civil la forma de hacer estas políticas atractivas para los votantes. En el fondo de la lucha por salvar el mundo está la política. Como suele ser.
Bibliografía
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