¿Deseas agregar mis derechos laborales en tu pedido?

 “No sabemos para quién trabajamos, no existe una manera en la que nosotros podamos presentar quejas, la app es muy lenta y pues no tenemos derechos laborales porque no somos empleados de nadie”, señaló Jacinta.

Milka Samara Bustos Leal
Estudiante de 2° semestre de Derecho y Relaciones Internacionales

Cuando el reloj marca las seis de la mañana, la precariedad económica comienza a circular en dos ruedas conducidas por una aplicación móvil que lleva por nombre “violencia laboral”. Una mochila de colores deslumbrantes destaca por las calles de la gran ciudad, mismas que parecen no tener final. 

Para completar esta historia hace falta un actor, mejor dicho, un conductor; no es que no exista, mucho menos que su presencia no sea indispensable, sino que su rol ha sido subyugado por quienes se enriquecen con su trabajo, tiempo e incluso, su vida. Lamentablemente, esto no solo es narrativa, esta es la realidad de miles de repartidores que trabajan en México para plataformas digitales como Rappi, Uber Eats, DiDi, entre otras. 

Jacinta, originaria de Morelos, es repartidora de Rappi desde el 2020. Tras una breve conversación, comentó que entró a trabajar a la plataforma digital debido a una situación multifactorial relacionada con la falta de empleo en su estado a causa de la pandemia de COVID-19, misma que le ocasionó la pérdida de su antiguo trabajo. El reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “Perspectivas Sociales del Empleo en el Mundo 2021”, señala que el crecimiento exponencial de las plataformas digitales de trabajo ha abierto oportunidades laborales que se han multiplicado por cinco en el último decenio. Esta ampliación en el mercado laboral la ocupan principalmente jóvenes, madres solteras y de forma preocupante, personas de la tercera edad que recurren a autoemplearse mediante estas plataformas, poniendo en riesgo su integridad y seguridad por la ineficiencia de un sistema económico que perpetúa la desigualdad y los priva de una vejez digna, la cual debería estar garantizada por el sistema de seguridad social del país.  

La llegada de estas plataformas de capital extranjero al país trae consigo un nuevo formato para las relaciones laborales, conocido como gig economy o economía del trabajo esporádico, esta altera la forma de organización, la calidad de los empleos y remodela los sectores económicos (Johnston & Land-Kazlauskas, 2018). La facilidad que brinda esta nueva estructura económica para entrar a trabajar como repartidor es lo que atrae a las personas, ya que solo necesitan contar con un vehículo, una licencia de conducir y por supuesto, un teléfono inteligente con internet.

Con su bebé en el asiento trasero jugando con la bolsa de plástico de un pedido que entregó apenas unas horas antes, Jacinta recorre seis días a la semana las calles en busca de pedidos para poder alimentar a su bebé y comer ella con su esposo. Al preguntarle acerca de sus jornadas laborales indicó lo siguiente: “Depende mucho del día, pero en una jornada laboral normal trabajo de once de la mañana a ocho de la noche, que aproximadamente son diez horas. De lunes a sábado”. 

También precisó que cada vez es más complicado obtener pedidos debido a las nuevas políticas de la aplicación que priorizan a las y los repartidores quienes cuentan con un mayor número de horas de trabajo, pedidos realizados y que cuentan con una mejor calificación en la aplicación, otorgándoles mayor número de pedidos y acceso a las zonas con mayor afluencia de usuarios activos. Al tener que cuidar a su bebé y no poder tenerlo tantas horas en el carro bajo el sol y el tráfico, Jacinta no cuenta con tantas horas de trabajo como los demás repartidores, lo que la relega de las políticas de preferencia.

Como consumidor, solo se está interesado en saber cuál será el cobro por el servicio que llegará a la puerta del hogar, escuela u oficina, pero pocas veces se hace una reflexión sobre cómo será distribuido el ingreso generado. La realidad es que en este sistema de autoempleo las ganancias varían por muchos motivos, desde el medio de transporte que se utiliza (el porcentaje de comisión es de 35% en bicicletas, 30% en motocicleta y 25% en automóvil) hasta la zona y el horario en el que el pedido es realizado. Por lo que, en promedio, un repartidor puede ganar por pedido 24 pesos (Tecuanhuey, 2020).

El modelo de negocios bajo el que funcionan estas empresas no reconoce su relación como trabajadores de la plataforma, sino como socios repartidores, bastante confuso, ya que sí pagan impuestos, pero su relación laboral no genera derechos para los repartidores ni obligaciones para la empresa (Reyes, 2022). Esto pone en la mesa un tema de vital importancia, la seguridad de los repartidores. Jacinta indicó que Rappi no le ofrece ningún tipo de seguro médico, por lo que labora solo con el seguro que ella misma contrató para su vehículo. Las plataformas Uber Eats y Didi Food han implementado un esquema de seguros que cubren las lesiones del repartidor, así como a terceros, incluso se refiere un seguro de vida. Ninguno de estos montos es público y así como Jacinta lo expresó, pocos repartidores conocen de él.   

Lastimosamente, estas plataformas se han convertido en precarización laboral legalizada, incluso el mismo Marx tendría que añadir a su icónico Manifiesto Comunista el término proletariado digital.   

Las olas de delincuencia que inundan al país no eximen a los repartidores, convirtiéndose en blancos fáciles para la delincuencia, puesto que para trabajar necesitan contar con un teléfono inteligente y usualmente con dinero en efectivo. Sumado a esto, los repartidores están expuestos diariamente a constantes abusos de las autoridades viales tras tener que transitar por cada rincón de la ciudad en un tiempo límite.   

Al terminar de hablar con Jacinta, concluyó lo siguiente: “No sabemos para quién trabajamos; no existe una manera en la que nosotros podamos presentar quejas. La app es muy lenta y pues no tenemos derechos laborales porque no somos empleados de nadie.”   

Así como Jacinta, hay miles de repartidores que decidieron tratar de poner fin a la constante violencia laboral que sufren. A partir de la muerte de José Manuel Matías Gómez en el 2018, conductor que iniciaba su primer día como repartidor y fue arrollado por un camión en la Ciudad de México, miles de repartidores se organizaron para levantar su voz contra la precariedad económica, la violencia laboral y la inaccesibilidad a un seguro social, creando el colectivo “Ni un repartidor menos” (Gómez, 2022).   

Los repartidores no son socios. Son trabajadores y las grandes empresas no deben olvidar que se deben a ellos, sin el esfuerzo humano las aplicaciones no existen. Es urgente atender las demandas del colectivo, establecer el diálogo y garantizar la protección a sus derechos laborales. El estado debe proveer una base jurídica que esclarezca el vínculo entre los repartidores y las empresas, asegurando que estas cumplan con sus obligaciones y sacien las demandas de quienes llevan sus vidas entre pedidos.   

Referencias

Morales, F. (2019). Compañías como Uber Eats y Rappi suman a la precariedad laboral. Washington Post. https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2019/09/30/compaias-como-uber-eats-y-rappi-suman-la-precariedad-laboral/

Reyes, E. (2020). La precariedad laboral de trabajar como socio de una app. Expansión. https://expansion.mx/tecnologia/2020/04/07/la-precariedad-laboral-de-trabajar-como-socio-de-una-app

Johnston, H., & Kazlauskas, C. (2018). Representación, voz y negociación colectiva: la sindicalización en la economía del trabajo esporádico y por encargo. Oficina Internacional del Trabajo. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5872/14.pdf

Organización Internacional del Trabajo. (2021). Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo El papel de las plataformas digitales en la transformación del mundo del trabajo. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/documents/publication/wcms_771675.pdf

Las opiniones aquí vertidas son exclusivas de su autor/autora, y no representan la ideología del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ni del Consejo Editorial de la Gaceta Económica.

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