La reconfiguración del Estado como lo conocemos para la implementación de una política que desafíe las estructuras de poder, discriminación y opresión; hacia una mirada de equidad con perspectiva de género.

Es de vital importancia que la PEF vaya más allá del discurso y tome en cuenta la interseccionalidad como herramienta para medir los privilegios y opresiones que limitan el acceso a oportunidades, pues bien, esta nos ayuda a reconocer las desigualdades sistémicas que ocurren a partir de la superposición de factores sociales, así como el género y la clase social. De acuerdo a Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se “… implica la promoción del multilateralismo con el fin de abordar de forma coordinada los nudos estructurales de la desigualdad de género, aspecto clave para lograr una recuperación transformadora con igualdad”.

Si bien, hay quienes debido al contexto social opinan que no contamos con la infraestructura necesaria para sostener una PEF, en realidad, esta puede ser posible con el esfuerzo conjunto de la esfera pública y privada. Es decir, se puede incorporar una perspectiva de género transversal, en los instrumentos y acciones al emplear herramientas de medición que, con las capacidades y recursos internos, puedan traducirse en iniciativas de sensibilización y formación. Además, la acción colectiva traducida a inclusión sistémica en cargos de autoridad, ha mostrado un cumplimiento más elevado de los intereses de todas las personas sin importar su género. Las alianzas para promover la igualdad de género con iniciativas regionales también suman esfuerzos a su implementación, mientras que los marcos legales y normativos a su vez marcan la pauta del feminismo en cada ámbito de la política. Un caso de éxito de esta correcta implementación, es Canadá, con la creación de redes de mujeres mediadoras para acabar con la infrarrepresentación de las mujeres y duplicar la presencia femenina en diversos espacios.

La reciente noticia sobre la aprobación de una reforma legislativa impulsada por el gobierno para transferir la Guardia Nacional (una fuerza creada bajo mando civil) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que busca militarizar la seguridad pública al mismo tiempo que hacer el servicio militar obligatorio para mujeres, es claramente una práctica antifeminista pues bien, la corrupción y violencia presentes hacen que se abuse del poder. Según la ENPOL 2021, dos de cada diez mujeres detenidas por la Marina y una de cada diez arrestada por el Ejército ha sufrido de violación por parte de estas autoridades. Esta situación presenta numerosos riesgos bajo un ambiente hostil, sin seguimiento en materia de justicia y bajo un intento patriótico y represivo de reavivar la popularidad del ejército. 

La pandemia del Covid-19 evidenció la situación de la economía del cuidado, donde se intensificó la sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerado sobre las mujeres en hogares y el mercado, aumentando las cifras del trabajo informal así como de la brecha salarial por género. Estas injusticias incitan el cambio en la legislación mexicana para el reconocimiento de los derechos laborales y seguridad social en dichos casos, pues bien, se relacionan directamente con el desarrollo económico de los países y el bienestar de sus poblaciones y merecen condiciones dignas de trabajo.

Para que una PEF pueda ser exitosa en América Latina, se necesita la activa rendición de cuentas por parte de las fiscalías e instituciones gubernamentales, con herramientas externas de medición y seguimiento en colaboración con organismos que evalúen constantemente las acciones tanto públicas como privadas. 

Por otra parte, es posible observar que ya existen múltiples organizaciones nacionales que atienden temas de feminismo. Sin embargo, considero que esto solo hace que exista una mayor brecha entre lxs tomadxres de decisiones y lxs implementadorxs, pues se requiere de un programa integral que se enfoque en todo el proceso de estas políticas públicas y cambios de la mano de una secretaría especializada u órgano autónomo para la interseccionalidad en todos los ámbitos. 

Al hablar de política exterior, es vital que se tengan siempre presentes en la agenda los ciclos de migración de mujeres, así como la protección de sus derechos durante todo el trayecto, para así aminorar los efectos negativos a las personas sujetas. Cabe destacar que este grupo comprende a más de 3 millones de mujeres tan solo en América Latina y el Caribe, donde se calcula que 6 de cada 10 mujeres y niñas migrantes sufren violencia sexual. 

En materia de derecho se propone emprender acciones hacia un acceso equitativo de recursos para las mujeres, en lugar de enfocar las acciones en las leyes cuota que buscan fortalecer la equidad de representación en cargos públicos pero en realidad esto no se cumple del todo ya que en ocasiones se incluyen para decir que hay diversidad y participación del género femenino, pero ya en la práctica se les retiran sus responsabilidades y no se les permite realmente actuar en función política, lo cual marca un retroceso en la lucha por nuestros derechos. 

Se concluye que la inclusión de las mujeres en la política exterior eventualmente se convierte en un punto de inflexión que trasciende positivamente en la vida de todos, todas y todes a través de una agenda que tome en cuenta las necesidades de la mitad de la población e impulse un desarrollo equitativo.

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