La crisis del agua desafía la manera en la que entendemos el recurso mismo. Entre todos los tecnicismos, dificultades y análisis, no se puede olvidar que el agua, encima de ser un recurso escaso, es un derecho humano.

Esta serie de crisis es mundial y no tiene solución definitiva aparente, pues la Organización Mundial de la Salud estima que para el 2025 la mitad de la población mundial sufrirá de escasez de agua, mientras que en México la disponibilidad de agua cayó un 33.3% entre 2015 y 2020 (Guillén y Trujano, 2022). Como consecuencia, comenzaron a ser aplicadas políticas públicas en ciertos estados, las cuales hacen que la excepción teórica del agua al grupo de bienes públicos se convierta en una realidad: notablemente, el recorte del suministro de agua por horario y zona. Ahora bien, que el agua no pueda ser un bien público de acuerdo a la teoría económica tiene dos implicaciones para el presente contexto. En primer lugar, se busca demostrar que el modelo económico actual que rige el consumo y provisión de agua no es adecuado para el estado del mundo con sobreconsumo y cambio climático, pues cada vez son más las personas con incertidumbre sobre su capacidad de obtener agua potable en casa. Este hecho es vital asimilarlo porque sin una correcta comprensión del rol del agua en la sociedad (como derecho, recurso y necesidad), es imposible resolver la problemática que conlleva su escasez. Tomando como base este hecho, se propone una segunda implicación de la discusión, de mayor importancia y complejidad —es necesario un nuevo marco político para el agua que permita materializar el anhelo de garantizar su disponibilidad como un derecho para todos, en un entorno económico y ambiental actualizado a los peligros del cambio climático y el sobreconsumo.

Un importante paso que se tiene que tomar como sociedad es reconocer que el estrés hídrico no es solamente consecuencia del sobreconsumo de los hogares. De acuerdo con el INEGI, la actividad que mayor cantidad de agua emplea es la agricultura, representando el 76% del consumo mexicano (INEGI, 2018). A nivel mundial, la cifra es del 70% (Banco Mundial, 2017). Adicionalmente, las industrias también son importantes consumidoras, de especial relevancia cuando se presentan irregularidades en los permisos de extracción (léase la nota de Cecilia Treviño en la Gaceta Económica sobre la extracción industrial de agua en Nuevo León). Estos casos traen a primer plano la intersección del agua con la gobernanza, comprendida como el proceso a través del cual el Estado y los actores no estatales (sociedad civil, empresas, etc.) diseñan y llevan a cabo políticas bajo un marco institucional y de reglas informales construido por dinámicas de poder (Banco Mundial, 2017).

En su Reporte de Desarrollo Mundial de 2017 sobre gobernanza, el Banco Mundial presenta casos en India, Bolivia y Brasil que ejemplifican cómo la interacción entre el gobierno y los ciudadanos, así como los esquemas de pago y los detalles legales acerca de responsabilidad y propiedad determinan conjuntamente los patrones de consumo y los niveles de acceso al agua. En cuanto a su impacto intersectorial, el Informe Mundial de la ONU del Desarrollo de los Recursos Hídricos del 2020 propone que es vital modernizar y adaptar las prácticas agrícolas para hacerlas más resilientes al cambio climático y más eficientes en su gasto de agua (ONU, 2020). Esto implica la sustitución de cultivos menos aptos al escenario climático por aquellos más apropiados en términos de temperatura y uso de agua, así como la implementación de mejores técnicas de regadío y drenaje. Refiriéndose a la industria, el informe recomienda la inversión en proyectos de energía solar y eólica sobre hidroeléctricas, por cuestiones medioambientales y de abasto de agua. Este tipo de proyectos de innovación son generalmente financiados y ejecutados de forma privada, pero los reportes citados proponen que el gobierno debe tomar un rol protagonista en la incentivación de los mismos, así como en el apoyo a los productores rezagados tecnológicamente (especialmente aquellos de la agricultura) que deberán hacer la transición técnica o ser entrenados y reubicados en otro sector.

En cuanto al consumidor final, existen dos importantes mecanismos que afectan el uso de agua y que es oportuno rescatar: las normas sociales y los incentivos monetarios. Las normas sociales pueden ser descritas como un comportamiento prevalente en un grupo que es sostenido por el entendimiento compartido de las acciones deseables y que se mantiene mediante las interacciones entre miembros (Nyborg, 2018). En la literatura económica sobre cambio climático las normas sociales han tomado recientemente un peso importante, con estudios probando su relación con diversos temas, como el uso de energía (Delmas y Lessem, 2014), el reciclaje (Berger, 2021) y el agua. Un experimento en Jericó, Colombia, en el que los hogares recibieron información comparando su consumo de agua con el del resto de la población, así como categorizaciones normativas (“excelente”, “promedio” o “con áreas de oportunidad”) y datos sobre el impacto medioambiental, obtuvo como resultado una reducción del consumo de agua de 5.4% once meses después de la intervención respecto al grupo de control (Jaime y Calrsson, 2016). Interesantemente, el mismo grupo de control que no recibió esta información tuvo, gracias a efectos de derrame dentro de la comunidad, una reducción en su consumo de agua del 5.8% respecto a un grupo de control de otra ciudad. Resultados similares han sido encontrados para California (Brent, Cook y Olsen, 2015), Inglaterra (Lede, Meleady y Seger, 2019) y Xi’an, China (Liu, Chen, Guo y Fu, 2022), demostrando la efectividad que pueden tener las relaciones sociales para promover y sostener mejores prácticas medioambientales.

El precio, por su parte, es el incentivo monetario por excelencia que determina el comportamiento de los consumidores. En el caso del agua en América Latina, este cuenta una historia de ineficiencias que dañan a los hogares, las empresas y los mismos proveedores. El Banco Interamericano de Desarrollo en su reporte sobre infraestructura y servicios publicado en 2020 presenta evidencia sobre América Latina, que tiene los precios del agua más caros entre las regiones en desarrollo del mundo. Esto significa que la primera mitad de la población en la distribución del ingreso (el 50% más pobre) gasta una mayor proporción de su ingreso en infraestructura y servicios que sus contrapartes del mundo en desarrollo, lo que obliga a las personas en pobreza a consumir menos agua de la deseada (Cavallo, Powell y Serebrisky, 2020). No obstante, el precio es un problema también para los productores, pues sólo uno de cada cinco proveedores de agua en Latinoamérica percibe ingresos que superan sus costos de producción de tal forma que pueda acceder a financiamiento comercial. Este precio demasiado alto para los consumidores y demasiado bajo para las empresas refleja una clara ineficiencia que se convierte en servicios (efectivos o percibidos) de mala calidad —sólo 16% de los mexicanos beben agua de grifo a pesar que la cobertura de agua potable es de 81%, y el 9.2% de las empresas presentan insuficiencias en su suministro de agua.

En un contexto de escasez por estrés hídrico, el cual es exacerbado por el cambio climático, se puede argumentar por un precio del agua más elevado que refleje verdaderamente el costo social, cuidando que no sea de forma regresiva con impacto a los más pobres. Esto se empezó a implementar en Nuevo León, con un aumento de tarifa que se espera impacte solamente al 46% de los usuarios de mayor intensidad de consumo (Flores, 2022). Políticas de este tipo han demostrado en la literatura tener efectos significativos, si bien en casos de magnitud pequeña, para incentivar a las personas a consumir menos agua y ser más eficientes en el uso que le dan (OECD, 2010; Banco Mundial, 2016). En México y en el mundo, el precio de ayer ya no es el mismo que el de hoy, con los incrementos reflejando simultáneamente efectos de escasez, de dificultades geográficas de provisión y de políticas de privatización, pero para las futuras evoluciones del precio tendrá que ponerse en el centro la realidad que rige el acceso al agua en la actualidad, la cual combina un escenario de sequía y estrés hídrico con círculos viciosos causados por el cambio climático.  

Las políticas públicas que sean aplicadas para resolver la crisis de agua, tanto de índole monetaria como industrial y social, deben tener en su corazón la eficiencia y la equidad. Si bien estos conceptos económicamente tienen una relación que puede dificultar su emparejamiento, el caso del agua no admite conformidad: el crecimiento poblacional requiere un aumento de la producción agrícola del 50% para el 2050 (Banco Mundial, 2017), el consumo de agua continúa creciendo a una tasa del 1% globalmente y para el 2030 podría haber un déficit de agua del 40% en ausencia de cambios de patrones de consumo y nuevas políticas (ONU, 2020). El agua será cada vez más necesaria para satisfacer la demanda alimentaria y para enfrentar el clima extremo, además de que aún existen áreas en México y en el mundo sin acceso a agua limpia, lo que conlleva problemas críticos de salud. Resolver esta problemática implica la cooperación efectiva de los consumidores finales, productores y gobiernos para administrar efectivamente el recurso, haciéndolo llegar a los que nunca lo han tenido y asegurando su suministro a los que hoy corren el riesgo de perderlo. Entre todos los tecnicismos, dificultades y análisis, no se puede olvidar que el agua, encima de ser un recurso escaso, es un derecho humano.

Bibliografía

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