La construcción de un estadio es comúnmente tanto inversión privada como política pública. Los matices que la rodean dificultan gravemente su evaluación, nublando decisiones que en su centro tienen a la economía, la política y la pasión.

Los defensores de este tipo de megaproyectos (entre los cuales destacan las firmas relacionadas directamente con los equipos, sectores de la afición y empresas que esperan participar en el proyecto o beneficiarse económicamente por él) enfatizan que se estimulará el valor de los terrenos adyacentes, se generarán incentivos para el turismo, el comercio será beneficiado mediante espectáculos de diversas industrias y crecerá el empleo (Schaaf, 2021). Sus contrapartes, para refutar la construcción de estadios que directa o indirectamente usan recursos públicos, hacen referencia al claro costo de oportunidad de emplear el dinero de esta forma en lugar de en políticas públicas de índole más social como la educación y la salud, la aparente hipocresía de apoyar financieramente a empresarios individuales o grupos multimillonarios y a la asimetría de poder que permite que grupos privados expriman recursos públicos de forma tanto amigable como agresiva —amenazando con migrar al equipo (Moore, 2022).  

Económicamente, la historia para justificar la construcción de un estadio es una de externalidades positivas. Charles Tu (2005) encontró que la construcción de un estadio de NFL en Washington contrarrestó una tendencia negativa en los precios de los terrenos de las zonas adyacentes y generó incluso plusvalía en el corto plazo. De forma similar, la ONG de desarrollo urbano Downtown Sacramento Partnership (2018)celebró la tecnológica arena que el equipo local de basquetbol de Sacramento inauguró en el 2014, pues le adjudica la atracción de $2 mil millones de dólares en inversión urbana al centro de la ciudad y el crecimiento de 38% del empleo en el distrito. Este tipo de logros resuenan con el discurso del gobernador García Sepúlveda, quien espera que el estadio de los Tigres sea una sede de innovación académica y sirva como catalizador para los sectores de comercio y entretenimiento. También son promesas perseguidas en otras ciudades del mundo, entre ellas Oakland, donde la alcalde realizó un llamado en carta abierta para apoyar un nuevo complejo comercial y turístico con estadio para el equipo de béisbol local, el cual le costaría a la ciudad —y posiblemente a los contribuyentes— $352 millones de dólares (Shaikin, 2021). Los políticos que enlistan su apoyo para financiar colosos deportivos apuestan precisamente a que este tipo de efectos externos generarán mayor ingreso para la localidad en forma de trabajos, atraerán las carteras de foráneos que deseen vivir la experiencia del estadio y la inversión de empresarios con intenciones de desarrollar los alrededores urbanos.

Para los escépticos, estas esperanzas son más ideas optimistas que resultados respaldados por evidencia. Coates y Humphries (1999) demostraron que la externalidad de efectos de derrame en forma de mayor consumo e inversión no se cumple para una variedad de ciudades norteamericanas que construyeron entre los 70’s y 90’s estadios profesionales, sino que en realidad el ingreso per cápita municipal disminuyó. Baade y coautores (2008) probaron empíricamente que no existe una relación sistemática entre la venta de bienes gravables en la ciudad de Miami y las diferentes fases deportivas que la ciudad experimentó entre 1980 y 2005, que van desde nuevos estadios hasta la organización de megaeventos en ellos. En trabajos previos, Baade ya había encontrado que no existe relación de largo plazo entre la construcción de un estadio y variables de empleo manufacturero (Baade y Dye, 1990), ni empleo no manufacturero (Baade y Anderson, 1997). Haciendo referencia a un ejemplo latinoamericano, Dávila (2020) no encontró relación entre el valor de una casa y la edificación de un estadio cercano en Quito, Ecuador. En general, los trabajos académicos presentan casos individuales de beneficios positivos contrarrestados por casos negativos de costos al ingreso y al fondo fiscal, lo que imposibilita creer con absoluta certeza en la viabilidad económica de los estadios, al menos en su propuesto papel de vehículos de prosperidad. En cuanto a la misma comunidad, Moore (2022) condujo una serie de entrevistas a personas, aficionados y activistas de la ciudad de Oakland, quienes se encuentran ante la posibilidad de perder a su última franquicia deportiva de liga mayor. Diversos locales y activistas transmitieron el sentimiento de que la gerencia del equipo y la ciudad han realizado durante este proceso de negociaciones promesas vacías, y aunque la propuesta de revitalizar edificios vacantes y cuidar económicamente a los posibles desplazados al redistribuir ganancias sea generosa, la evidencia citada la categoriza como una más. Otros entrevistados dan vida a las conclusiones econométricas de Johnson y coautores (2001), quienes propusieron que la nostalgia es subestimada como motivante del orgullo cívico, y que puede ser explotada como una debilidad por los equipos y gobiernos para justificar grandes subsidios a estadios que no se logran recuperar económicamente. 

Precisamente estas evidencias son lo que temen los ciudadanos que no desean que el dinero que sale de sus impuestos se use en construir estadios. Sobre todo, este sentimiento se exacerba cuando los proyectos compiten contra políticas públicas. El estadio de futbol americano que la ciudad de Oakland construyó para un equipo que desde el inicio de esta década ya no juega en California se terminará de pagar apenas en el 2025, mientras el Distrito Unificado de Escuelas de Oakland recibirá $40 millones de dólares menos de presupuesto este 2022 (McBride, 2021). En Milwaukee, los $250 millones de dólares para una arena de NBA construida en el 2015 salieron del presupuesto municipal de escuela superior (Salzberg, 2015), mientras que en el 2012 la ciudad de Arizona despidió personal en todas sus dependencias gubernamentales para terminar de acomodar los $300 millones de dólares para una arena de hockey, diseñada para un equipo que también ya abandonó la localidad (Bloomberg, 2012). Estos ejemplos son ilustrativos porque, a pesar de los crecientes costos por la carrera armamentista de tener el estadio más moderno y de la escasa evidencia económica que los respalde, el apogeo de la construcción de estadios en Estados Unidos permitió que del 2000 al 2016 se emitieran aproximadamente $13 mil millones de dólares en bonos libres de impuestos para estos fines, de los cuales $3.7 terminaron siendo ingreso perdido (Gayer, Drukker, Gold, 2016). Ahora bien, incluso si los Rayados financiaron privadamente su deuda y la situación tenía particularidades a considerar porque el equipo rentaba su casa anterior, ellos también migraron dentro del área metropolitana a Guadalupe, donde ahora no pagan por derechos de terreno. La naturaleza del fútbol mexicano dificulta o virtualmente imposibilita que Tigres o Rayados salgan por completo de la región en búsqueda de dinero, pero no necesitan hacerlo para que de todos modos la repartición de beneficios y costos de sus estadios sea desigual.

Claro, se debe reconocer que no es posible saber si el dinero ahorrado al evitar una inversión pública en un estadio hubiera sido mejor empleado por el gobierno en políticas económicas, pero esto difícilmente parece un argumento contundente en favor de los estadios. Llama la atención la actitud del mismo Charles Tu (2005), quien después de defender científicamente el beneficio que tener un estadio genera para la plusvalía de bienes raíces, cierra su artículo de investigación especulando de temas no tratados en el mismo. Particularmente, propone que la creación de trabajos de baja remuneración en tiendas de conveniencia alrededor del estadio puede ser lo que la gente pobre ha estado esperando para hacer en sus fines de semana, lo que a su parecer es el clavo final para cerrar con la conclusión de que cualquier costo del estadio se ve más que compensado por estos beneficios. Este optimismo falaz hace eco en las promesas de los políticos y ejecutivos detrás de estos proyectos, pues el autor y ocasionalmente ellos mismos evitan verdaderamente profundizar en los costos y la incertidumbre. Recurriendo nuevamente al estadio ahora vacío de la ciudad de Oakland, el consejo que lo administra reconoció en sus últimos años de uso que era mejor si el equipo migraba, porque la baja asistencia significaba pérdidas cada vez que abría sus puertas el Coliseo (Veklerov, 2017). Esto simplemente añade dolor a la deuda que todavía tiene por pagar el municipio, pues el plan de financiamiento desde finales del siglo anterior confiaba en la venta de abonos para recuperar de forma orgánica el costo de la construcción. Apuestas similares hicieron Sacramento para su arena de NBA y los Rayados para su estadio. Si bien el futuro pinta bien para los segundos, Sacramento no clasifica a postemporada —ni gana por lo menos la mitad de sus partidos— desde el 2005, lo que diluye las ventas de boletos y pone en peligro la posibilidad de recuperar la inversión sin recurrir a prácticas regresivas no planeadas (Sisson, 2018).

Como en cualquier otro tema concerniente a la economía, lo único que se puede decir con total seguridad acerca de la construcción de un estadio y su impacto económico, es que depende de muchos factores. Por el bien de los contribuyentes fiscales, los residentes directamente impactados, los mismos equipos y sus aficionados, el primer paso en la consideración de si es correcto construir un nuevo estadio debe ser reconocer los matices presentes y el contexto en el que se encuentra la ciudad, la base gravable y el desarrollo económico, que en estos casos se enredan con temas primordialmente vitales para el humano: el dinero, la justicia, la incertidumbre y la pasión.   

Referencias

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