Servidores públicos en los Pandora Papers ¿Hasta dónde se puede desenrollar la alfombra de consecuencias?

El problema de la evasión fiscal de servidores públicos mediante la estructuración de empresas offshore en paraísos fiscales no termina en un beneficio propio y un detrimento del presupuesto federal, sino que puede ser tan grande cómo la profundidad del análisis lo quiera, se pudiera incluso presumir que los daños a la nación son también una caja de Pandora o una alfombra por ser desenrollada.

Kevin Alexis López Reyes
Estudiante de 5° semestre de la Licenciatura en Economía y la Licenciatura en Derecho

El pasado domingo 3 de octubre, redacciones de más de 150 medios de comunicación revelaron simultáneamente los hallazgos de la más reciente e impactante investigación periodística, lo que se denominó los “Pandora Papers”. Sin sorprender, el título se adopta por la cantidad de casos inesperados que se descubrieron al desatar todos los hilos; una investigación análoga a una caja de Pandora llena de misterios en el porvenir o una alfombra lista para ser desenrollada, haciendo alusión a una multiplicidad de casos que faltan por concretarse. 

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), trabajó por casi dos años para atar los cabos sueltos contenidos en 11.9 millones de documentos contenidos en 2.94 TB de información, documentos filtrados que contienen operaciones en paraísos fiscales. Periodistas de El País y Univisión, de México, colaboraron en el ICIJ para encontrar que 956 compañías “off-shore” se encuentran relacionadas a por lo menos 336 personajes públicos, que van desde políticos hasta líderes de Estado. A nivel doméstico, 7 figuras políticas fueron relacionadas con entidades encapadas tras la fachada de fideicomisos, fondos, empresas o fundaciones offshore; una cantidad de políticos mexicanos que en el ranking mundial empata a la de Pakistán y República Dominicana, mientras que la segunda mayor cantidad la obtuvo Rusia con 19 políticos enlistados. [1]

Un tercio de las operaciones de dichos paraísos fiscales se localizaron en las Islas Vírgenes Británicas, una jurisdicción con nulos impuestos corporativos, ya sea sobre la renta o cualquier otro tipo de impuestos aplicables a las compañías con establecimiento en la región. (Wolters Kluwer, 2021)[2]. Adicionalmente, Delaware, Nevada, Dakota del Sur, Alaska, la Riviera Francesa, Suiza, Luxemburgo, Belice, Chipre, Filipinas, Singapur, entre otras regiones, fueron el destino predeterminado para el establecimiento de empresas off-shore que se encontraron relacionadas a los políticos en la escena mundial, evidentemente por su percepción de aquellas jurisdicciones como regímenes fiscales sumamente preferentes. 

¿Por qué usar una empresa off-shore?

Pero ¿por qué los resultados de la investigación son tan polémicos? y ¿qué representa estar involucrado en el manejo de una compañía off-shore? Bueno, pues precisamente como antes se enfatiza, todas las empresas se encontraban constituidas en países considerados cómo paraísos fiscales, si bien, no existe una definición consensuada internacional, para México, un paraíso fiscal, se define cómo aquella jurisdicción en dónde la tasa de impuestos es menor al 22.5%. Llevar a cabo operaciones en dichas jurisdicciones no es por sí mismo un acto prohibido. Lo que constituye un delito es no declarar fiscalmente, es decir, no pagar los impuestos correspondientes obtenidos en el país de origen del contribuyente, lo que se vuelve aún más grave para las personas que desenvuelven cargos públicos. Sujetos obligados de conformidad con el artículo 8, fracción XV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos [3] que impera la necesidad de que estos publiciten su declaración fiscal anual en su totalidad, lo que de acuerdo a investigaciones de Quinto Elemento Lab no ha sido cumplido por aquellos políticos mexicanos enlistados en el trabajo de investigación del ICIJ. 

En México, olvidando los altos índices de impunidad, la sanción económica correspondiente para aquellos servidores públicos que no declaren en su situación patrimonial los ingresos obtenidos de las empresas off-shore, corresponde a una multa de hasta 75% del beneficio obtenido, adicional a la imposición a realizar el pago de los impuestos sobre la renta correspondientes en el país. (Art. 15, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos). 

Ganadores y perdedores de la creación de empresas off-shore

Imaginemos que un servidor público tiene la intención de adquirir una residencia millonaria en Los Ángeles, en Miami o en cualquier lugar arquetipo de lujos. No obstante, los impuestos a cubrir (si la adquiere a título propio y como persona física) son sumamente altos por el mero valor del inmueble, sin olvidar el hecho de que el monto para adquirir el inmueble debe ser integrado en su declaración ante la autoridad pública correspondiente, lo que algunas veces puede implicar un riesgo por no tener una comprobación coherente del origen de ingresos tan prominentes. 

Ante dicha situación, el servidor se ve con la oportunidad de establecer una empresa en un denominado paraíso fiscal, por instancia, las Islas Vírgenes Británicas. Esta empresa por un lado, beneficiada por la secrecía fiscal, no se verá obligada a hacer pública la personalidad del titular y por otro, pagará pocos o nulos impuestos corporativos; por lo que mientras para el servidor público representa un mayúsculo beneficio comparativo en términos económicos, representa por otro lado, un preocupante detrimento en los ingresos fiscales de la federación. Esto abre un círculo vicioso que se compone de menor presupuesto de la federación, atendiendo menores áreas y proyectos de los necesarios para el desarrollo del país en sectores cómo educación, salud, infraestructura pública, deporte, investigación, etc.

En este sentido, la Red para la Justicia Fiscal (Tax Justice Network), ha desarrollado un Rastreador de Vulnerabilidad a Flujos Financieros Ilícitos Internacionales, reuniendo los datos por países y realizando comparaciones que facilitan la comprensión de la pérdida de ingresos de la federación y presupuesto público por presunta evasión fiscal. Para México, en grande escala, el Rastreador ha estimado una pérdida anual de $817 millones de dólares por evasión cometida por personas físicas mediante flujos financieros ilícitos, lo que es equivalente a 24.67% del presupuesto destinado a salud y 14.6% de lo destinado a educación.[4]

Si la persistencia de regiones con secrecía fiscal y nulos impuestos corporativos es legal o ilegal, es un debate que compete a las autoridades jurisdiccionales internacionales. Sin embargo, lo cierto es que representa una economía en la sombra que beneficia a unos cuantos, quienes pueden acceder a estrategias elaboradas y costosas pero que a largo plazo resienten un beneficio por la evasión fiscal en su jurisdicción originaria.

Los paraísos fiscales y la moral tributaria general

El problema de la evasión fiscal de servidores públicos mediante la estructuración de empresas off-shore en paraísos fiscales no termina en un beneficio propio y un detrimento del presupuesto federal, sino que puede ser tan grande como la profundidad del análisis lo quiera. Se pudiera incluso presumir que los daños a la nación son también una caja de pandora o una alfombra por ser desenrollada.

Existen diversos canales por los cuales se afecta el nivel de incumplimiento generalizado en el pago de impuestos. Ortiz, E, para CIEP (2020) recaba entre los tres principales canales el grado de reciprocidad Estado-sociedad, es decir, de acuerdo a las necesidades y preferencias de la sociedad, que tanto se sienten retribuidos mediante la inversión y proyectos públicos por parte del Estado, Torgler (2003).

Casos polémicos como Pandora Papers influyen de por sí en implícitas pérdidas mayúsculas y además son uno de los factores de apertura del ciclo vicioso de una carente responsabilidad fiscal en el país; a medida que la población en general percibe que los recursos se desvían para el beneficio privado de unos cuantos e identifican discursos de insuficiencia de recursos para la atención de servicios, se reducen aún más los incentivos a pagar sus impuestos correspondientes, y se obtiene una degradada reciprocidad Estado-Sociedad. Esto explica que al 2016, 37% de las personas en el país, el porcentaje más alto de América Latina, consideraron que la evasión era justificable; la transgredida moral tributaria de manera sistematizada es sólo uno de los tantos límites hasta donde se pueden extender los efectos negativos de la utilización de empresas off-shore para la evasión de impuestos. [5]

La presencia de paraísos fiscales en el mundo puede sonar, y efectivamente, es absurda. Se trata de una competencia en decadencia de los países con necesidad de captar ingresos adicionales por muy mínimos que parezcan, provenientes de personas interesadas en instaurar empresas offshore. El problema es precisamente que la competencia ha llegado a tener regiones con casi nulo impuesto corporativo. 

¿Cómo dar el primer paso para la confrontación a nivel nacional?

Durante su carrera a la presidencia de la nación, Andrés Manuel López Obrador se externaba ofendido que existiera la presencia de mexicanos en las listas de las investigaciones pasadas. Hoy, resintiendo durante su sexenio la presencia de allegados al ordenamiento federal y servidores públicos en general en las listas de los Pandora Papers, se le presenta la oportunidad de buscar presionar a las autoridades competentes en materia fiscal, tanto la UIF como el SAT, así como buscar en colaboración con las naciones anfitrionas a las empresas off-shore el aumento en el intercambio transparente de la información. Todo esto con la finalidad de ejercitar la justicia fiscal dentro y fuera de nuestro país, y cerrar la posibilidad de un ciclo como el previamente pronosticado en términos de aumento de incumplimiento fiscal. De lo contrario, combatir la corrupción “predicando con el ejemplo” o “barriendo las escaleras de arriba hacia abajo”, habrá sido una estrategia indudablemente fallida. 

Créditos de la imagen: DANIELE GRASSO & MONTSE HIDALGO PÉREZ para El país el 3 de octubre de 2021. 

Bibliografía

[1] Ahmed, T. (2021) Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak. International Consortium of Investigative Journalists. Recuperado en 5 de noviembre de 2021 de:https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/global-investigation-tax-havens-offshore/

[2]Wolters Kluwer (2021). British Virgin Islands: Personal Taxation. Wolters Kluwer. Recuperado en 5 de noviembre de 2021 de:https://www.lowtax.net/information/british-virgin-islands/british-virgin-islands-personal-taxation.html

[3]CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. Última reforma publicada DOF 28-05-2009. Recuperado en 5 de noviembre de 2021 de:https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_mex_anexo5.pdf

[4] Tax Justice Network (2021) Illicit Financial Flows Vulnerability Tracker. Recuperado en 5 de noviembre de 2021 de: https://iff.taxjustice.net/#/profile/MEX

[5] Ortiz, E. (2020). Moral tributaria en México: Factores que afectan el pago de impuestos. CIEP. Recuperado en 5 de noviembre de 2021 de: https://ciep.mx/moral-tributaria-en-mexico-factores-que-afectan-el-pago-de-impuestos/

Las opiniones aquí vertidas son exclusivas de su autor/autora, y no representan la ideología del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ni del Consejo Editorial de la Gaceta Económica.

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