El pasado 28 de septiembre de 2021 las autoridades financieras mexicanas removieron la licencia para operar como Institución de Banca Múltiple a Accendo Banco. La decisión se tomó después de que las autoridades financieras, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México, determinaran que Accendo no poseía la suficiente solvencia y liquidez para asumir sus compromisos de corto y mediano plazo.

Meses atrás se realizaron inspecciones las cuales dejaron ver que Accendo Banco atravesaba por dificultades administrativas y malas prácticas contables. Las autoridades financieras realizaron un recalculo de las métricas de solvencia de Accendo corrigiendo los errores y omisiones que se detectaron. La conclusión fue que la institución bancaria no contaba con los niveles mínimos de capital que se les exige a los bancos comerciales para operar en nuestro país [1].

A mediados de 2020, Banco Famsa se enfrentó a una situación similar a la de Accendo. La institución realizó una asignación inadecuada de créditos a personas relacionadas a su grupo comercial, llegando a un punto que superó los límites permitidos por las autoridades. Esta situación los orilló a no poseer la suficiente solvencia para mantenerse operando [2].

Frente a la quiebra de estos bancos, es natural preguntarse si esto es reflejo de una situación de riesgo que pudiese tener efectos negativos sobre la economía. Para responder a esta pregunta es necesario establecer un parámetro de referencia ideal, el cual es característico de una condición optima en el sistema financiero en donde los participantes interactúan sin dificultades [3]. Este estatus del sistema, conocido como estabilidad financiera, facilita los procesos económicos, provee una administración adecuada de los riesgos y permite resistir eventos inesperados de estrés [4].

A lo largo de las distintas latitudes, se han establecido organismos reguladores que vigilen a los participantes del mercado financiero y procuren un ambiente de estabilidad financiera. A nivel global desde hace más de 30 años se ha impulsado una agenda de vigilancia, producto de los acuerdos de Basilea sobre regulación bancaria, en donde actualmente la batuta la lleva el Financial Stability Board (FBS) y el Banco Internacional de Pagos (BIS). En nuestro país, los Watch Dogs claves son la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), el Banco de México y el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CSF).

Para perseguir su misión, las autoridades regulatorias han establecido un marco legal —conocido como políticas macroprudenciales— que obliga a las instituciones bancarias a mantener un estándar de robustez financiera expresada en términos de liquidez, solvencia y salud en sus carteras [5]. En adición realizan análisis oportunos con el objeto de prevenir la acumulación de riesgos desde un enfoque Bottom-Up. Buscan detectar vulnerabilidades desde el nivel más granular hasta considerar a todas las instituciones financiera interactuando en un sistema, con el objetivo de anticipar eventos que pudiesen llegar a representar una amenaza para la economía en su conjunto.

Uno de los ejercicios oportunos más importantes realizados por los reguladores son las pruebas de estrés. Los cuales a través de modelos matemáticos y estadísticos buscan simular la evolución del sistema financiero frente a distintos escenarios de riesgo diseñado por las autoridades regulatorias. En México, estos ejercicios se actualizan semestralmente en el Reporte de Estabilidad Financiera publicado por Banco de México y de forma anual en el informe del CESF. En estos ejercicios se pone especial cuidado a las entidades financieras catalogadas como de importancia sistémica. Las cuales son too big to fail, pues su grado de interconectividad y exposición financiera podría provocar que una afectación importante en su desempeño tuviese un impacto en la economía en general.

Una vez mencionado el grado de escrutinio al que es sometido la banca en México y la labor proactiva de sus reguladores. Se destaca que el CESF y la CNBV concluyeron que Accendo y Banco Famsa, son casos aislados de instituciones pequeñas las cuales no suponen un riesgo sistémico ya que la banca en su conjunto se mantiene bien capitalizada y líquida [6] (ver gráfica 1 y 2). Es importante mencionar que las autoridades han velado que el proceso de liquidación de Accendo y Famsa no afecte al público que confío en ellos para depositar sus recursos. Para esto, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) brinda un respaldo a los clientes de cualquier institución bancaria en México por un monto de aproximadamente 2.7 millones de pesos por depositante [7].

Lo que en términos globales exhibe el alto grado de resiliencia que posee el sistema financiero mexicano y brinda confianza de que continua el entorno de estabilidad financiera en nuestro país.