Crimen organizado, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. En México estos delitos son, en conjunto, imputados normalmente a jefes criminales o narcotraficantes. Sin embargo, de manera insólita la Fiscalía General de la República (FGR) presentó estos cargos en contra de 31 científicos mexicanos.
Juan Carlos Rodríguez Díaz
Estudiante de Ingeniería Física Industrial, 7º semestre
Los hechos
La FGR presentó ante un juez una solicitud de detención, la cuál ya fue rechazada dos veces, para aprehender a 31 científicos acusados de “haber malversado recursos públicos”. Entre los acusados por la FGR se encuentran integrantes del SNI nivel III, el cuál es el mayor grado que un investigador puede poseer en México. ¿Por qué sucedió esto?
Durante el 2019 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) presentó una denuncia ante supuestas irregularidades que se pudieron llevar a cabo por parte del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), una asociación civil que ofrece asesoramiento a empresas e instituciones públicas. Este foro recibió financiamiento durante varios años por parte del CONACyT. Según la FGR, los investigadores utilizaron el presupuesto asignado para financiar el FCCyT y después se sumaron a este foro para utilizar lo adquirido con este presupuesto. Además de estas declaraciones, el presidente López Obrador comentó durante una rueda de prensa que él ha tenido acceso a la investigación que se está haciendo sobre el CONACyT, donde mencionó lo siguiente:
«Entre los gastos de operación había facturas de chóferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero», según López Obrador.
«Como ya no se pueden mantener estos privilegios, ahora se sienten perseguidos, pero yo le pregunto a la gente: ¿el combate a la corrupción va a ser selectivo, o va a ser parejo? Que se investigue, y si hay corrupción, que se castigue»
¿Combate parejo?
Son lamentables tanto las medidas extremas tomadas por la FGR como el apoyo del presidente ante esta situación. Que la FGR haya solicitado una orden de aprehensión para los científicos en El Altiplano, una prisión de alta seguridad donde se recluyó a Joaquín Guzmán Loera (el Chapo Guzmán) es un intento más de control y amedrentamiento por parte del gobierno hacia aquellos que “tienen otros datos”, y es que no podría ser diferente.
Este año el CONACyT realizó sustanciales recortes hacia los investigadores que, en su mayoría, laboran en instituciones privadas, donde aproximadamente unos 33 mil científicos resultaron afectados por estas medidas. Aunado a lo anterior, este organismo continúa con la tendencia de recortar el número de becas para estudiantes e investigadores año con año. En 2020 la administración actual entregó aproximadamente la mitad del número de becas que las entregadas en promedio por el sexenio anterior, para realizar estudios de posgrado en el extranjero.
No es claro cómo se puede hablar sobre “combate parejo” cuando se toman medidas tan contundentes en contra de la investigación científica, al mismo tiempo que el país se encuentra pasando una ola de violencia tan grave, con más de 91,000 asesinatos acumulados en este sexenio. Por el bien del devenir científico, esperemos que las autoridades reflexionen sobre donde se encuentran los verdaderos enemigos de su gobierno, ya que no están dentro de las aulas o en los centros de investigación.
Referencias:
Créditos de la imagen: https://elpais.com/mexico/2021-09-24/los-juristas-cuestionan-la-batalla-legal-de-la-fiscalia-contra-31-cientificos-por-desmesurada-y-arbitraria.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58729181
https://www.animalpolitico.com/2021/04/segob-reforma-sni-conacyt-centros-privados/
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