Estudios empíricos demuestran la importancia de la evaluación de los maestros en el diseño de políticas educativas. En México, el debate político respecto a las evaluaciones de docentes ha agregado un problema más en un sistema educativo caracterizado por su desigualdad e ineficiencia. 

Diego Alfonso Martínez Sepúlveda Estudiante de Economía, 6º Semestre

El contraste entre la estrategia gubernamental y la realidad de la educación mexicana

A pesar de expresar que se continuará con las evaluaciones diagnósticas de maestros, la reforma educativa virtualmente elimina su validez en el proceso de selección, retención y promoción de maestros, por lo que reprobar la evaluación no constituye una base legal para impedir que la persona evaluada imparta clases. Presupuestalmente, las acciones de la administración también son contradictorias con la supuesta agenda de excelencia y atentan directamente contra la importancia de la evaluación docente. En el 2020, la asignación del presupuesto de la SEP para la profesionalización docente y evaluación representó únicamente el 0.6% del total, siendo así apenas un tercio de su valor en el 2018 (Fernández, Herrera y García, 2019).

La asignación presupuestal incluye más instancias dignas de objeción (después de ensalzar el énfasis en la educación básica, disminuyó en 4% el presupuesto para la primera infancia), pero la cuestión del desarrollo del docente destaca por sus inherentes implicaciones discursivas. Al complementar el ataque directo en el ámbito legislativo con la negligencia presupuestaria hacia la implementación y validez de las evaluaciones a los maestros, efectivamente se instauró un problema más en un sistema educativo que ya destaca por ser ineficiente en su objetivo de fomentar el desarrollo y la calidad de vida.  

En esencia, la evaluación del sistema educativo es una cuestión de calidad y equidad. En ambos rubros, el caso mexicano es reprobable. Más allá de la dualidad pública-privada de la educación (que por sí misma es una arena de debate ideológico y que debe ser considerada en la comprensión holística del sistema educativo), la educación pública de México cuenta con graves desigualdades por región y variables como nivel de ingreso. Gracias a que el 90.6% de la matrícula de primaria pertenece a escuelas públicas (en secundaria la cifra es 86.4%), es a grandes rasgos posible generalizar los resultados de evaluaciones como Planea más allá del tema de la fuente de financiamiento (INEE, 2019). Por esto mismo, se puede afirmar que existe una clara desigualdad en la calidad de la educación ofrecida en las diferentes zonas de la república: la diferencia en alumnos en nivel insuficiente entre el primer lugar (CDMX) y el último (Tabasco para matemáticas y Guerrero para lenguaje) es mayor al 25% de su respectiva matrícula, pero en ambos extremos más de la mitad de los alumnos están en el nivel insuficiente de matemáticas al graduarse de secundaria.

Esta diferencia en calidad también se manifiesta en la distribución del ingreso, pues el puntaje promedio puede variar hasta 50 puntos en el examen entre los extremos de la distribución del ingreso del hogar; mientras que el nivel de educación de los padres tiene efectos todavía más extremos (INEE, 2018). Evidentemente, dentro del sistema educativo existen fuertes disparidades en los resultados de los alumnos, fenómeno que se debe corregir para cumplir con los objetivos constitucionales de la educación.

Evidencia de la evaluación de maestros como indicador del desempeño y el proyecto MET 

La disparidad educativa es sistémica y multivariada, por lo que no es posible ni correcto indicar una sola causa. Naturalmente, el tamaño de la inversión, la capacidad de infraestructura y la atención a condiciones socioeconómicas de los alumnos son algunas de las variables primordiales a considerar, lo cual conlleva un proceso político además de económico. No obstante, la necesidad de evaluar a los maestros para identificar las prácticas que tienen efectos más fuertes en los alumnos debería ser independiente de la naturaleza del mercado y el rol del Estado, pues la evidencia empírica favorece la noción de que es posible evaluar el desempeño de los maestros para tener una educación con mejores rendimientos.

Incluso al controlar el estatus de pobreza de los alumnos, Darling-Hammond (2000) encontró que para la educación estatal de Estados Unidos, la certificación de los maestros y las diferentes medidas de evaluación fueron de los factores con mayor correlación al desempeño estudiantil, con un marcado sesgo negativo —el efecto de tener maestros no calificados es particularmente perjudicial para los alumnos. Estudios más recientes como Goe (2007) y Putman, Ross y Walsh (2018) han reafirmado la conclusión de que existe una fuerte relación entre la capacidad evaluada del maestro y los resultados de sus estudiantes. 

Una de las cuestiones más interesantes del estudio de los rendimientos de la educación es la discusión acerca de la posibilidad de determinar qué tanto valor añade un maestro a sus alumnos, siendo una de las principales propuestas la modelación de valor agregado, la cual ha sido fuente de ávido debate académico y político. Básicamente, este tipo de modelación toma el rendimiento que se espera de un estudiante (dado su nivel socioeconómico, desempeño anterior, calificaciones de sus compañeros, etc.) y lo contrasta con el que verdaderamente obtuvo, para inferir qué tanto influyó su maestro para alterar el curso de dichas predicciones.

El proyecto MET (Measures of Effective Teaching) de la Fundación de Bill y Melinda Gates realizó en el 2013 uno de los estudios experimentales más grandes que consideran este tipo de modelo. Este estudio es destacable por consistir de un ensayo controlado aleatorio en seis ciudades de Estados Unidos, lo que significa que las asignaciones de los maestros y alumnos fueron completamente aleatorias y por lo tanto se elimina el sesgo que podría inducirse, por ejemplo, al considerar alumnos de familias con mayor estatus socioeconómico o de grupos más pequeños. En total, se asignaron al azar 1,181 maestros, se siguió el rendimiento de 3,802 más y finalmente se compararon los resultados con los de 17,153 maestros de las mismas ciudades pero que no participaron en el proyecto.

Los resultados fueron robustamente suficientes como para indicar que efectivamente se puede medir la productividad que agregan los maestros a sus estudiantes, estableciendo una relación causal entre su docencia y las calificaciones de los alumnos. El modelo de los investigadores correctamente estimó el valor agregado de los maestros durante un año escolar, encontrando también que incluso al considerar otro tipo de evaluaciones a los docentes (como encuestas a los estudiantes), se puede predecir el impacto de cada docente en particular.

Evidentemente, es difícil repetir un estudio como el del MET año tras año, especialmente al considerar las matices como la fuente de financiamiento y la dificultad logística de aplicar pruebas estandarizadas. Sin embargo, la conclusión que provee el estudio y que había sido propuesta con anterioridad por investigaciones de menor magnitud se mantiene: los maestros son una parte vital del proceso educativo y por ende es imperativo aprender a evaluarlos. Sin una noción de la efectividad de las prácticas de los docentes, se está caminando a ciegas en la planeación de política educativa.

En lugar de ver las evaluaciones diagnósticas como métodos punitivos que llevarían a despidos injustos (como se presentó en las huelgas del sindicato de maestros), se debería ver la evaluación de maestros a través de un lente positivo, pues el identificar a los maestros más eficientes permitiría replicar esas prácticas exitosas a mayor escala y eventualmente generalizarlas para combatir la desigualdad educativa del país. Lamentablemente, el valor de las evaluaciones diagnósticas en México se neutralizó con la reforma educativa y, a pesar de que siguen existiendo, su polarización política obstaculiza su correcto análisis y el crecimiento de su alcance. 

Ventajas de evaluar la política educativa: lecciones internacionales

Uno de los grandes retos de la política pública es que además de requerir la voluntad política para asignar recursos a cierto proyecto, es vital primero tener una noción de su posible efectividad. Un caso interesante de esta relación es el de la educación en Liberia. En el 2016, ante un problema crónico de analfabetismo y deficiencia del sistema educativo, el país se abrió a la inversión privada y otorgó permiso a ocho empresas para operar 93 escuelas que anteriormente eran de financiamiento público. Después de tres años, se evaluó el desempeño de cada una para definir qué modelo educativo era el más apropiado para los niños del país.

En este ensayo (que también fue controlado aleatorio) se encontró que tres operadores no tuvieron efecto alguno en los alumnos, mientras que otros tres sí mejoraron modestamente los resultados pero se enfrentaron a un estancamiento y finalmente dos tuvieron éxito notable, mejorando tanto las calificaciones como las tasas de deserción y reduciendo el costo de la educación (The Economist, 2020). Este ejemplo es ilustrativo en el sentido que demuestra que la solución a los problemas educativos no es simplemente aumentar la inversión, pues el dinero podría estarse destinando de tal forma que no haya cambio absoluto en el desempeño de los estudiantes, como lo fue el caso de dos operadores en Liberia.

Incluso en un país con un sistema educativo pobre y dañado por una guerra civil reciente, la repentina disponibilidad de más dinero no fue una medicina automática. Aunada a esta línea de pensamiento está una faceta más esperanzadora, pues al identificar las prácticas exitosas, estas se pueden replicar a mayor escala y llevar sus beneficios a más gente: uno de los dos operadores que tuvieron éxito en Liberia comenzó con 5 escuelas y hoy en día tiene más de 80. 

Las ventajas de evaluar correctamente a los maestros y sus prácticas se pueden cosechar en muchos aspectos y lugares. En India, la evaluación de las prácticas propuestas por investigadores de Harvard permitió mejorar la asistencia a la escuela de niños en los barrios bajos de Delhi, mientras que en Estados Unidos se han aplicado estudios a nivel nacional para identificar las mejores prácticas para niños de preescolar (Banerjee y Duflo, 2019). En contextos tan variables en términos de edad, ingresos, materias y cultura, el común denominador que lleva a la implementación de buenas políticas públicas es la intención de evaluar lo que se está haciendo y estar dispuesto a actuar sobre ello (tanto en educación como en cualquier otro tema de índole social).

Lejos de un enaltecimiento de las políticas aplicadas en el extranjero, lo que se propone es el reconocimiento de la etapa de evaluación como uno de los ejes que deben guiar cualquier decisión que se tome acerca del sistema educativo si honestamente se espera alcanzar el estándar de excelencia planteado por la ley y cumplir con el ideal de que cada niño pueda recibir una educación de igual calidad que sus compañeros en cualquier lugar del país. Los retos son muchos y están en las casas, las escuelas y los palacios de gobierno, pero uno de los primeros pasos debe ser el reconocer la importancia de los maestros como uno de los principales participantes en la vida estudiantil, acompañado de la disposición para ayudarlos a hacer cada vez un mejor trabajo.  

Referencias

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