Combatir la corrupción y acabar con ella fue uno de los estandartes en la muy larga campaña electoral del Presidente Andrés Manuel, y fue por lo que muchos mexicanos votaron por él, para acabar con los males de los gobiernos pasados, los malos manejos de los recursos, enriquecimientos ilícitos, asociaciones con el narcotráfico y la colaboración con estas organizaciones. Con este argumento se han cancelado programas, fondos, recursos entre muchas otras cosas por parte de esta administración. Ahora, ante los múltiples cargos que se le imputan al general Cienfuegos, ¿se cancelarían también todos los proyectos y recursos de la defensa (SEDENA)?

De momento, no hablaremos ni pondremos a debate si el general es culpable o no. El objetivo de esta columna es analizar el impacto económico que generaría si el presidente y su administración deciden aplicar la misma regla de extinguir todo aquello que tenga corrupto y se vincule con administraciones pasadas. Para ello indagaremos en los datos del paquete económico y el presupuesto que se le asigna a la SEDENA (Ministerio de defensa) para este 2021, que por cierto para el momento en el que se redacta esta nota, aún no es aprobado el paquete 2021.

 Esta regla de extinguir todo lo relacionado a corrupción y/o con administraciones pasadas ya la hemos visto aplicada en varias ocasiones por el presidente. Tenemos los ejemplos de las guarderías infantiles que desde el 2019 dejaron de funcionar, el escándalo al cerrar el seguro popular e iniciar el INSABI, lo sucedido en el 2018 cuando alrededor de consultas mal realizadas se cerró el proyecto del aeropuerto de Texcoco y lo más reciente que es la extinción de 109 fideicomisos donde entre fondos para arte, cultura, ciencia, desarrollo, deportes, que sumaban un aproximado de 68 mil millones de pesos, y por esta mencionada regla se cerraron y mucho de ese dinero pasó a control directo del ejecutivo. Pero estos proyectos y programas no son los únicos afectados, sino los más polémicos. Para muchos expertos hubiesen existido mejores soluciones como auditarlos, reformarlos, poner a su dirección a funcionarios más capacitados y no cortar con machete lo que se debió de haber hecho con bisturí. Es con estos ejemplos con los que quedan en evidencia las prácticas más frecuentes de la presente administración: acusar sin pruebas y debidos procesos jurídicos y el ir improvisando sobre la marcha.

De resultar culpable el general Cienfuegos y de que la misma regla del Gobierno Federal se le aplique también a la SEDENA, se pondría en juego un presupuesto aproximado de 97 mil MDP para el 2021 según lo propuesto por la SHCP, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, los encargos de distribución de medicinas y el control de las aduanas y puertos. Esta última situación de los puertos y aduanas bajo el control del ejército tuvo su polémica puesto que fue uno de los motivos para que el ingeniero Javier Jiménez Espriú renunciara a su puesto como encargado de la SCT, ya que esta era la responsable de las aduanas y puertos, pero por la misma regla de la corrupción se le pasó el encargo a la SEDENA. Inclusive, si nos ponemos más estrictos como en muchas ocasiones el gobierno de la 4T también lo ha sido, la Guardia Nacional también pondría su institución en juego, ya que sabemos que muchos de los integrantes de esta misma son militares iniciando por el Comandante Luis Rodríguez Bucio.

La detención del general Cienfuegos es un tema de relevancia internacional, puesto que estamos hablando del segundo al mando (después del presidente) de las fuerzas armadas de la nación, y pone en tela de juicio a una de las corporaciones en las que más deposita su confianza el pueblo de México, ya que como muchos sabemos, la milicia es una organización piramidal y por esto mismo podemos deducir que el señor Cienfuegos no fue el único involucrado en el tema con el narco de resultar culpable. Pero para no adentrarnos en esto, continuemos analizando el impacto que el ejército y los encargos que ahora tiene encomendados por el ejecutivo tienen en la economía nacional.

Construcción de un aeropuerto civil, distribución de medicinas, control de aduanas y puertos de uso civil, no son tareas comunes de las fuerzas castrenses. El Presidente fue quien buscó apoyarse en ellos, aún más de lo que lo hicieron administraciones pasadas como las de los ex presidentes Enrique Peña y Felipe Calderón, quienes los usaron para el combate al narcotráfico en todo el país. Si no se hubiesen puesto a los militares a construir el aeropuerto, se hubiese podido haber lanzado un concurso para que una constructora privada ganase la licitación (proceso más común en materia obra pública nacional), generar inversión y empleos así como una derrama económica mayor que el utilizar a nuestras fuerzas armadas en una tarea que no les corresponde. Si lo que se quiere es evitar la corrupción durante la obra, se debería auditar y supervisar con funcionarios honestos y competentes para estas tareas, pero no ha sucedido así.

“Que el ejército no se utilice para cubrir las incapacidades de los gobiernos civiles”, fue una de las frases usadas por nuestro presidente en unos de sus spot de campaña para el 2018, en el que argumenta que el ejercito tenia que regresar a los cuarteles, puesto que ellos no estaban preparados para cumplir con las tareas que se les estaban poniendo. Pero esto fue solo en campaña, porque una vez iniciada la administración del presidente López, se quitó la policía federal, una corporación de carácter civil para la seguridad pública y se reemplazó por la ya mencionada Guardia Nacional llena de militares, y se le dio aún más tareas y poder a la SEDENA.

Que no se mal entienda: no se defiende a la corrupción en ninguno de sus niveles, pero tampoco se puede estar de acuerdo con aplicar la regla de acabar con todo lo que tenga corrupción a rajatabla en todo lo que se le pueda sacar partida política y de campaña. Hay mecanismos existentes para poder combatirla: que no se quieran aplicar es otra cosa. De querer de verdad acabar con la corrupción, no tendríamos presuntos casos en el gabinete y los círculos cercanos al presidente. Solo se aplican las reglas cuando se conviene y solo transforman lo que quieren y eso no beneficia al país ni a los millones de mexicanos que se quedaron sin sus apoyos y empleos por querer quedar plasmados en la historia como transformadores y héroes. Al menos de algo estamos seguros: quedarán en la historia, pero no del lado que a esta administración le gustaría.

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