La bancada de Morena planea prohibir la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas en los 32 estados de la República, buscando reducir su consumo y hacer un cambio de paradigma en las preferencias de los consumidores mexicanos, pero quizás no es el mejor momento para tomar dicha decisión, como dicen por ahí: el horno no está para bollos.
Estudiante de Economía, 3º Semestre
En los últimos días, el Gobierno Federal y la bancada de Morena han puesto sobre la mesa el aumento del impuesto especial a refrescos y la prohibición de la comida de alta cantidad calórica y poca aportación nutricional: la llamada comida chatarra. ¿Pero es esto una medida oportuna, teniendo en puerta la recesión más grande desde los años 30? Sin duda el consumo de este tipo de alimentos puede causar una serie de enfermedades crónicas degenerativas, que con el tiempo se vuelve una externalidad negativa que el Estado y la Secretaría (Ministerio) de Salud debe de internalizar. Se debe tomar en cuenta el alto costo de la diabetes, por mencionar una, que recae en las arcas del erario, eso sin tomar el costo social que pudiera ser el sufrimiento de los familiares de un enfermo.
Pero vamos por partes.
Un aumento del IEPS (Impuesto Especial a Productos y Servicios) a los refrescos en más de un 400% tendría un efecto sustitución y un efecto ingreso. El primero se daría en el escenario donde la demanda fuera un tanto elástica, que permitiera que el consumidor optara por sustitutos que no estuvieran tasados con este impuesto especial. Estos mismos no necesariamente serían de mejor calidad nutricional, pues el consumidor intentaría saciar su necesidad de azúcar con un bien similar. El efecto sobre el consumidor sería solo en su utilidad, al no tener un bien que logre satisfacer su consumo. Por la otra mano, el productor, es decir la industria refresquera, podría perder una gran cantidad de ventas, y con ello de ingreso, además de poner en riesgo una gran cantidad de trabajadores en un periodo donde la tasa de desempleo ya se encuentra alta por la recesión de la emergencia sanitaria. Desde el punto de vista macroeconómico, esto debilitaría el consumo afectado la demanda agregada, ayudando a acentuar la recesión. Por otra parte, la medida tendría un efecto ingreso, donde el consumidor, al encontrarse con una demanda inelástica, realmente no tendrá muchos incentivos para disminuir su ingesta. Esto lo pondrá en una peor situación y recta presupuestaria, lo que lo hará incurrir en un menor consumo de otros bienes, cosa que en este marco de recesión económica, no abona nada a la reactivación de la economía. La teoría nos habla de estimular el gasto en estas situaciones, no de reprimirlo. Sin duda, la medida de ser disuasoria tendrá un efecto positivo en la salud y el erario al evitar el gasto en la salud pública para combatir la obesidad, hipertensión y diabetes, pero esto se vería en el largo plazo; en el corto plazo, lo más importante es reactivar el consumo, para echar andar de nuevo la economía.
Por otra parte, la prohibición
Si algo nos ha enseñado la historia económica, es que las prohibiciones no logran casi nunca su objetivo per se. Si bien, crean mercados negros y distorsiones económicas. Pero en este caso al ser el público menor de edad, la dinámica será un poco diferente. Será difícil ver mercados negros de gansitos, pero más fácil un cambio en los incentivos. Es decir, si ponemos en la misma dimensión punitiva el consumo de una golosina, a la par de un estupefaciente o el alcohol, el consumidor adolescente no tendrá incentivos reales para diferenciar un pastelito que le puede ser difícil consumir en la tienda, y otro bien como el alcohol que es igual de complicado de comprar. Al distorsionar los incentivos, desde el punto de vista económico se podría incentivar, tomando en cuenta las preferencias, el consumo de otros bienes prohibidos que tienen el mismo castigo y que son igual de nocivos a la salud. Habrá un efecto sustitución por la igualdad en los parámetros punitivos de los bienes que se intenta disuadir de su consumo por la prohibición. El adolescente con el dinero de su lonche, al momento de gastarlo, correría el mismo riesgo de comprar un choco rol que alcohol u otro bien prohibido, pues este no tendrá incentivos disuasivos para no consumir los últimos. Igualmente, el vendedor correrá el mismo riesgo en vender fritos que vender bebidas alcohólicas a menores, ya que los incentivos ante el castigo se harán iguales, estimulándolo a no diferenciar entre ellos. Así, el adolescente y el vendedor de la tienda pudieran tener un cambio en sus preferencias a causa de la igualación del castigo de dos bienes en principio dañinos, pero no iguales, más que en su riesgo de consumirlos.
Por último, tomando en cuenta que estamos en la entrada de la peor recesión del siglo XXI, no es pertinente la prohibición, al menos en el corto plazo. Esto desincentivará el consumo en bienes de industrias formales que dan una gran cantidad de empleos, impactando indirectamente el consumo en la demanda agregada y con ello deprimiendo aún más el PIB, cuando lo que se debería es incentivar su crecimiento para salir de la recesión.
Fuentes:
Crédito de la imagen: <a href=’https://www.freepik.es/fotos/comida’>Foto de Comida creado por jcomp – http://www.freepik.es</a>
● Nicholson, Walter. TEORIA MICROECONOMICA. Amherst College, McGraw-Hill 1997
Las opiniones aquí expresadas son exclusivas de su autor/autora y no representan la ideología del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del mismo, el Departamento de Economía, así como a la Sociedad de Alumnos de Licenciado en Economía.
Gaceta Económica 