A medida que avanza la expansión del coronavirus, las respuestas para hacer frente a la pandemia pueden determinar el éxito o el fracaso en el manejo de situaciones críticas por parte de los gobernantes, tanto en el ámbito de la salud como en el aspecto económico. En este sentido, la certidumbre juega un papel importante para generar buenas prácticas y aprender sobre estas en el futuro.

Sin embargo, la actual pandemia del COVID-19 ha exhibido fallas que contribuyen al cataclismo sanitario y económico sin precedentes en el presente siglo, cuyas consecuencias siguen siendo desconocidas alrededor del mundo. La crisis es el resultado de dos errores principales del Gobierno, la incompetencia y la carencia de rendición de cuentas en el manejo de la emergencia de salud pública con la amenaza de una potencial depresión económica.

La incompetencia gubernamental se nota en la carencia de estrategias para contener la pandemia de forma eficaz, la descoordinación de las agencias del Gobierno Federal en la gestión del problema con las autoridades locales, recortes presupuestarios al sector salud, como el recorte a la Dirección General de Epidemiología de casi 57 millones de pesos para 2020, al pasar de 601 millones 118 mil 669 pesos a 544 millones 193 mil 400 pesos y los sucesivos recortes a los hospitales especializados, como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición con un recorte de 147 millones 869 mil 471 pesos en 2019.

La improvisación en la serie de acciones que pretenden arreglar el problema, como la sana distancia sin hacer efectiva dicha acción por parte de las autoridades, la ausencia de un plan de estabilización de la economía y la escasez de material de protección por parte del personal médico reflejan la nula preparación y negligencia de los funcionarios con altos costos sociales.

Otro problema que resalta es la falta de rendición de cuentas, de entrada, las inexplicables adquisiciones de equipo médico a precios exorbitantes por un familiar de un alto funcionario del gobierno actual y las dudosas cifras de enfermos y muertes a causa del COVID-19, como revelaron los reportajes de los periódicos «Wall Street Journal» y «The New York Times» apuntan a dos probables situaciones: la incapacidad de las autoridades para contener la crisis o la perversa maniobra de ocultar información vital de la verdadera magnitud de la pandemia en México.

No es posible desarrollar estrategias para el regreso a las actividades y la solución a la crisis económica que transcurre si los intereses del gobierno en turno están por encima de los intereses de la sociedad y del Estado.

La primera lección crucial de esta actual catástrofe es que las respuestas inmediatas de la autoridad ante un desastre juegan un papel fundamental para determinar la magnitud del problema y el uso de las herramientas a su alcance (previa dotación presupuestal y apoyo técnico calificado) pueda ser posible la contención y minimizar los daños que puedan afligir a la población.

La segunda lección es que la autoridad debe de conducirse con honestidad, sensatez y humildad, para generar credibilidad y certidumbre ante el caos generado por la devastación. En momentos de crisis, el papel de los funcionarios en la política pública no es solamente resolver el problema, sino también la rendición de cuentas sobre las acciones realizadas. Ante la emergencia sanitaria y económica, los ciudadanos merecemos el derecho a saber sobre la situación real antes de tomar decisiones equivocadas que generen riesgo a la población. Son dos lecciones que tienen relevancia y merecen también atención en el futuro.

Crédito de la imagen: Watchblog. https://blog.gao.gov/2014/04/04/government-accountability-office-whats-in-a-name/