El pasado 15 de mayo, la Secretaría de Energía (Sener) publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional. Pese al rebuscado título del acuerdo, es muy sencillo lo que promueve dicha publicación: limitar de gran medida los proyectos de energía renovable que existen en el país, con el objetivo de dar prioridad a las centrales eléctricas fósiles de la CFE, y por supuesto, al tan polémico (y prácticamente quebrado) PEMEX.

Dicha determinación de la Sener es absolutamente nociva para muchos sectores económicos, y esto radica a en 2 razones. Es pertinente, antes de profundizar en dichas razones, mencionar algunos datos sobre la industria de energías renovables en México. Actualmente existen más de 40 proyectos de inversión en energía solar y eólica, y se encuentran repartidos en más de 18 estados de la República Mexicana. Dichos proyectos representan en inversión alrededor de 30,000 millones de dólares, y son generadores de aproximadamente 70,000 empleos. 

Primeramente, el acuerdo publicado por la Sener provoca que México quede arraigado a los combustibles fósiles. Misma energía que, como bien se sabe está en declive, es altamente contaminante, es cada vez más escasa y cada día posee menos calidad y valor comercial. Y por si esto fuera poco, tiene como exponente a una empresa que tiene certidumbre y rentabilidad nula. Las energías renovables son la tendencia hacia la que se dirige la industria energética, la mayoría de los países líderes se están moviendo en ese sentido y sin embargo el gobierno ciegamente decir ir hacia el sentido contrario.  México se estaría quedando muy atrás en la transición hacía las energías sostenibles y no podrá ser competitivo en el largo plazo frente a los demás países. 

El segundo motivo radica en que esta determinación solo termina de empeorar la credibilidad y certidumbre que genera México como país para invertir. Más de 40 proyectos se ven en peligro por las medidas de la Sener y, junto con ello, los 70,000 empleos se ven comprometidos. Tan grave es la situación, que la Asociación Mexicana de la Cámaras de Comercio e Industria de Países Europeos (Eurocam), que representa más de 18,000 empresas, envió un oficio a la Secretaría de Economía expresando que “Los empresarios europeos han registrado con asombro la decisión que tomó el gobierno mexicano de frenar el aprovechamiento de las energías renovables en el país”. La Eurocam sentencia que “Cambiar las reglas del sector energético sin seguir el canal institucional marcado por la ley causa un grave daño a la confianza de los inversionistas, no sólo en el sector de las energías renovables, sino de forma transversal en los demás sectores”. A pesar de esto, la Sener no ha cambiado su dictamen.

El problema es más profundo de lo que parece, ya que una vez más vemos a la intervención estatal perjudicando la iniciativa e inversión privada, que no solo genera empleos, sino también permite la transición hacia un sector energético más sostenible y competitivo hacia las tendencias de este mercado en el largo plazo. En el afán de proteger el monopolio que existe en el sector energético con CFE y Pemex, no se contempla la necesidad de replantear el funcionamiento del mercado energético, dando lugar a la competitividad y por ende un aumento en la calidad de los servicios energéticos.