Las economías alrededor del mundo se enfrentan a un escenario de desincronización. En el caso particular de México, la crisis arribó semanas más tarde que en muchos otros países, incluido su más cercano vecino. Por otro lado, gran parte de la población mexicana se ha quedado sin fuentes de ingreso. El sector informal y los pequeños y medianos negocios comprenden un porcentaje importante de la composición y requieren de un Estado apto para tomar decisiones en los momentos adecuados. Es necesario que el gobierno y el sector privado comiencen a plantearse las distintas alternativas por las que pueden optar para poco a poco retomar actividades, así como encontrar un balance entre la salud pública y la economía de los hogares. 

En una crisis de semejante magnitud los tiempos son clave. Si bien se han implementado medidas desde distintas trincheras para fortalecer y resguardar la economía mexicana, estas no son sinónimo de una total resiliencia a lo estático que se encuentra el consumo. Aquellos individuos cuyos ingresos dependen de la movilidad de la gente y de la “normalidad” de la vida, por llamarlo de alguna manera, la están pasando mal. A poco más de dos meses de que se registró el primer caso en el país, la crisis sanitaria aún tiene combustible por utilizar y no parece que vaya a terminar pronto. Ante ello y la imposibilidad de implementar esfuerzos más robustos, se tendrán que decidir estrategias concisas para poder reactivar la economía con cautela y con los cuidados necesarios. Es importante preservar las medidas impulsadas por el sector salud el mayor tiempo posible, pero va a llegar un punto donde se tengan que conjuntar ambos caminos. 

Una de las problemáticas que ha surgido en días anteriores es la insistencia de un sector del gobierno y empresarios estadounidenses por retomar las actividades laborales en ciertas fábricas mexicanas. Distintos miembros del gabinete y del aparato gubernamental norteamericano han expresado que se debe permitir el retorno a las y los trabajadores mexicanos a sus respectivos empleos para completar procesos productivos que desembocan en bienes y suministros para su país. A su vez, empresarios estadounidenses han indicado la inminente necesidad de reabrir fábricas en territorio mexicano y reactivar las cadenas de valor. Por otra parte, la semana pasada se registraron brotes del virus en fábricas mexicanas. Ello, aunado a que la crisis sanitaria está en pleno desarrollo, ha motivado a que se critiquen fuertemente las exigencias estadounidenses hacia México de retomar actividades en ámbitos que ellos consideran esenciales. 

La presión llega desde dos distintos frentes, no hablo de burócratas y empresarios, sino de un carácter económico y un carácter político. En año de elecciones, los republicanos buscan enfatizar la narrativa que los ha caracterizado en los últimos tiempos. Aunado a ello, es evidente que la urgencia económica existe, pero la coyuntura es compleja y México debe tener un decir en las decisiones. Ante una economía globalizada como la que se ha forjado en recientes décadas, donde las cadenas de producción están compuestas por circuitos que atraviesan distintos países, es indudable que la desincronización afecta el correcto ordenamiento y el arribo de acuerdos que satisfagan a ambas partes. La relación México-Estados Unidos es interdependiente y en tiempos de crisis se debe llegar a convenios que sean benéficos y que vayan a tono con la situación que cada país pervive. 

Para México es esencial que los tiempos de la reapertura sean analizados y premeditados con los datos que se tienen a la mano. Se deben homologar criterios y sopesar alternativas para definir cómo y cuándo se reactivará la economía. La presión externa debe ser un factor, pero no el factor determinante, para decidir cuándo es momento de sobreponerse a las medidas recomendadas por el sector salud con el fin de subsanar la economía de las y los mexicanos.