No es secreto a voces que la industria de vestido y textil es un gran componente de la economía global contribuyendo en 1.8% del PIB mundial. Es una de las industrias con mayor propensión a crear millones de empleos. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para el año 2010 tan solo en México dicho sector fue responsable de 246, 792 empleos. Tomando en cuenta la perspectiva global, se estima que existen entre 60 y 75 millones de personas laborando en esta área.

En los últimos años, la industria textil ha crecido a un ritmo acelerado, el cual ha sobrepasado cualquier tipo de regulación minuciosa sobre el tema. Los paradigmas de la producción textil mundial cambiaron a raíz de la extinción del Acuerdo Multifibras (AMF)  en el 2005, dicho acuerdo permitía a los países desarrollados imponer cuotas fijas en productos importados de economías emergentes. El fin del sistema de cuotas que regía el comercio desde 1974 significó el comienzo de la competitividad internacional en este sector con el fin de atraer inversión extranjera; esto implicó el surgimiento del modelo de producción rápida y flexible que conocemos hoy como ‘fast fashion’. Aunado a esto, la crisis financiera del 2008 llevó a la quiebra a una gran porción de los maquiladores de prendas y textiles minoristas; mientras que aquellas fábricas con tecnología de producción en masa crearon un entorno empresarial competitivo e inestable, pero creciente. Debido a este auge, la industria de vestido es ahora caracterizada por la descentralización geográfica de sus operaciones y una producción dispersa que es capaz de reaccionar a los rápidos cambios impulsados por el mercado. 

Cuando hablamos de fast fashion nos referimos a todo proceso apresurado de producción en masa para captar tendencias momentáneas en el mercado. Este modelo de negocios es una fórmula para incentivar el consumo acelerado. Ante el crecimiento de la industria, los países en desarrollo se han visto beneficiados con la creación de empleos dentro del área textil. Generalmente, estos empleos son ocupados por mujeres; de acuerdo a la campaña Clean Clothes, la fuerza laboral del textil está conformada entre el 70% y el 80% por mujeres. Es imposible no hablar de género cuando hablamos de fast fashion. Es imposible no mencionar que detrás de cada prenda hay: 1) jornadas laborales largas e impredecibles; 2) bajos salarios y falta de oportunidades para negociar colectivamente mejores condiciones de trabajo; 3) carencia de protección de maternidad y de diversas formas de violencia y abuso; y 4) falta de protocolos de seguridad respecto al inmueble donde se labora. En adición a los factores de riesgo mencionados previamente, se agregan el coste ambiental y la huella de carbono detrás de cada prenda.

Muchas economías nacionales dependen del textil; para Bangladesh, el segundo productor textil más grande del mundo, el 80% de su actividad económica es dependiente del desempeño de este sector. Por el otro lado, de acuerdo a la OIT, Bangladesh cuenta con uno de los salarios mínimos más bajos del mundo y aún así sus trabajadoras textiles perciben un salario menor al promedio nacional con un ingreso de $64 USD al mes. 

Aunque la industria del fast fashion ha contribuido a la creación de empleos y ha sido el causante de ropa más accesible para sus consumidores, ¿cuál es el costo social que ha generado esta nueva forma de producción? ¿Realmente contribuye a la independencia económica de las trabajadoras textiles o solo es una manera de institucionalizar otro tipo de esclavitud moderna? ¿Hasta cuándo seguirá siendo sostenible este modelo de producción? O más bien, ¿alguna vez lo fue?

El día de hoy se conmemoran siete años del colapso del edificio conocido como “Rana Plaza” en Bangladesh. Este suceso pasó a la historia como el cuarto desastre industrial más grande, con más de 1,100 personas fallecidas y 2,500 heridos, de los cuales más de dos tercios de las víctimas eran mujeres. La Rana Plaza fungía como fábrica textil en Savar, Bangladesh y en ella laboraban más de 5,000 personas. El accidente era previsible, ya que grietas profundas en el edificio eran evidentes desde días antes del colapso. 

El 24 de abril del 2013 marcó un parteaguas para la industria de la moda y visibilizó las carencias humanitarias en la maquilación textil. A causa de esto, surgieron diversos movimientos y ONGs para luchar por condiciones dignas de trabajo para todos los trabajadores laborando en la industria textil. Se trata de pequeños esfuerzos colectivos que han ganado ímpetu con el paso de los años. Un ejemplo de estos movimientos es Fashion Revolution, la red más grande de maquilladores, diseñadores, marcas y ciudadanos abogando por un cambio real y factible en la industria de la moda. Fashion Revolution aspira a que valoremos a las personas y al medio ambiente por encima de la cadena de producción y suministro. ¿La solución que proponen ante el fast fashion? Ejercer presión y exigir transparencia a los corporativos textiles más grandes del mundo; así como migrar hacia una economía de consumo circular, terminar con esta cadena lineal de “extracción-producción-consumo-desperdicio” que actualmente sigue teniendo de por medio grandes agresiones hacia los derechos humanos. 

La transición hacia una economía circular brinda beneficios a todos. De acuerdo a un reporte de la Organización de las Naciones Unidas, la economía circular podría reducir hasta un 99% los desechos de algunos sectores industriales y un 99% de sus emisiones de gases de efecto invernadero.  

Aunque reconozco que actualmente la industria textil es responsable por millones de trabajos y es el pilar fundamental de ciertas economías emergentes, me rehuso a usar prendas confeccionadas con base en explotación laboral. Es momento de cuestionarnos nuestros hábitos de consumo, de ejercer presión y transparencia y de preguntarnos quiénes están detrás de nuestra ropa y empezar a valorarlos.