Últimamente hemos podido apreciar en las noticias mucho revuelo en cuanto al pacto fiscal y la intención de ciertos gobiernos de salirse del mismo, pero ¿a qué se debe esta intención? 

Primero vamos a establecer cuál es el esquema de recaudación fiscal. El esquema de recaudación fiscal de México tiene sus principios en la Ley de Coordinación Fiscal, en la cual se plasma el porcentaje que le corresponde a cada hacienda pública estatal de los ingresos federales. Este esquema también establece que todos los impuestos que recaudan las entidades federativas forman una bolsa común y el gobierno federal reparte estos fondos de acuerdo a las necesidades de cada estado. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal establece que la federación se queda con el 80% de los impuestos recaudados mientras que solamente un 16% se va a los Estados y el 4% a los municipios. 

Dentro del 80% que va destinado al gobierno federal se encuentran los impuestos recaudados de actividades como: comercio exterior, recursos naturales, petróleo, ISR, IEPS petróleo, IEPS cerveza e IEPS tabaco.

El reciente revuelo de las entidades federativas en contra del actual pacto fiscal fue causado principalmente por el tema del COVID-19 y la intención de los gobernadores de que los impuestos que se generen en sus estados se queden en sus estados para poder ser invertidos en temas de salud. 

Los gobernadores estatales que públicamente han declarado su intención de modificar el pacto fiscal son: Jaime Rodríguez Calderón por parte de Nuevo León, Enrique Alfaro por parte de Jalisco, Francisco Javier García por parte de Tamaulipas y finalmente Miguel Ángel Riquelme por parte de Coahuila. La intención de estos gobernadores es cambiar la ideología del pacto para que en vez de que se centre en el principio de dar más a los que más lo necesitan, que se centre en dar de acuerdo a cómo los estados aportan con sus impuestos. 

La inconformidad de estos gobernadores se basa en los bajos porcentajes de impuestos que reciben en razón de lo que aportan. Nuevo León es un estado que aporta 460 mil millones de pesos al gobierno federal pero solamente recibe 33 centavos de cada peso que aporta, Jalisco aporta 358,901 millones de pesos y solamente recibe 30 centavos por cada peso que aporta, Coahuila aporta 187,032 millones de pesos y solamente recibe 22 centavos por cada peso que aporta y finalmente Chihuahua aporta 186,875 millones de pesos y termina recibiendo 29 centavos por cada peso aportado.

Los especialistas a su vez hablan de que una de las bases de este movimiento es la asignación de recursos del presupuesto federal. El primer caso es que de acuerdo a Mejía Cosenza, escritor de Dinero de Grupo Imagen, esta asignación castiga a los estados que son gobernados por partidos de oposición. El segundo ejemplo es que de acuerdo al periódico de Financial Times el poder ejecutivo del estado ha carecido de liderazgo frente a la actual crisis del COVID-19. 

¿Se pueden salir las entidades federativas del pacto fiscal? 

En el ámbito jurídico, la respuesta es sí, un estado sí puede salirse o pedir renegociar en caso de que no esté de acuerdo con el pacto, esto está estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal y en el artículo 10 y 36 del Convenio de Colaboración. 

Además, ya existe un precedente basado en que los estados ya cuentan con la infraestructura tecnológica para cobrar sus propios impuestos; este es el caso del Estado de Nuevo León, el cual desde el 2013 cobra por medio de un convenio de colaboración con la federación el ISR, el IVA y varios IEPS. Pero sí es importante recalcar que la Hacienda Estatal no está preparada para cobrar el 100% de sus impuestos. 

Para concluir, es de gran importancia mencionar que si alguna entidad federativa decide retirarse del pacto fiscal, está dejaría de recibir los aportes federales y la entidad federativa tendría que ser capaz de crear impuestos estatales similares a los nacionales. Otro efecto negativo sería que cualquier empresa con domicilio fiscal en cualquier entidad federativa que decida salirse del pacto fiscal dejaría de obtener los impuestos generados por la venta de productos o servicios a otros estados ya que estos son considerados impuestos federales.