En momentos de una crisis que no sólo amenaza a la salud de los habitantes, sino también la economía personal de los trabajadores y el bienestar de las familias, el Gobierno juega un papel indispensable para generar cohesión social, certidumbre y estrategias para superar una emergencia que perjudica la seguridad de las personas, las actividades cotidianas, la convivencia social y el respeto a la ley como garantía de las libertades de una sociedad libre y democrática.

El mundo necesita líderes capaces de brindar seguridad, confianza e inteligencia para manejar una situación que amenaza con dañar el bienestar colectivo. Y ante el avance extraordinario de la pandemia del coronavirus, merecen respuestas extraordinarias de la sociedad, empezando por los gobiernantes, como representantes de la sociedad.

Mientras en Estados Unidos los efectos del Covid-19 que han causado el mayor hundimiento de empleos generados en su historia (6 millones de solicitudes de ayuda por desempleo) y el aumento cada vez más acelerado de personas fallecidas de esta enfermedad (17,991) las respuestas surgen, mediante el consenso, de que el Estado debe proveer ayuda a las personas más vulnerables; como resultado surgió el Plan de Estabilización Económica aprobado por el Congreso, con un monto de 2 billones de dólares para reactivar la economía, incluyen transferencias directas de dinero hacia aquellas personas desempleadas y con ingresos menores a los $ 75,000.00 dólares al año, reestructuraciones de deudas, recursos adicionales a proveedores médicos, aplazamiento en el pago de impuestos, créditos a las empresas, entre otras acciones para superar una crisis sin precedentes.

En cambio, el plan de estabilización económica del Presidente Andrés Manuel López Obrador ante la expansión del coronavirus con ocasionar una crisis económica en México ofrece respuestas insatisfactorias ante un problema subestimado. El Covid-19 posee una capacidad de causar el desorden en el funcionamiento de la economía y el deterioro del sistema de salud.

El momento de brindar respuestas concretas nunca se hizo presente, tampoco brindó unidad, seguridad y sensatez cuando más se necesitó. No es solución destinar 65 mil millones de pesos, con cargo a los ciudadanos, a una empresa endeudada, plagada de corrupción e ineficiencia como PEMEX, no es sensato continuar con las cuestionables obras de infraestructuras como la deseada refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía y mucho menos es racional negar el apoyo a las Pequeñas y Medianas empresas (PyMES) que representan el 52% del empleo en México y un seguro de desempleo.

Las respuestas a esta emergencia configuran un balance muy penoso, que por el bien del País debe cambiar. Esta situación tan negativa mejorará cuando el gobierno entienda el papel de generar políticas públicas que mejoren el bienestar social y también las condiciones para el desarrollo de los negocios y la innovación.

Ofrecer un catálogo de buenas intenciones no constituye una solución al problema. Los ciudadanos merecen soluciones responsables ante el desempleo, la bancarrota de empresas, la caída en el gasto de las familias, el endeudamiento y la falta en el acceso de servicios públicos esenciales. Esto dependerá de la capacidad en el entendimiento de los problemas, tomar en cuenta las necesidades de la población y una visión a largo plazo.

Desgraciadamente, el plan que no fue y con una oportunidad perdida se deja a la deriva a la población y el intento de salvarse quien pueda. Hoy más que nunca es necesaria la solidaridad, el liderazgo y la sabiduría para navegar en estos momentos difíciles, cualidades que radican, no en el actual Presidente, sino en la sociedad civil.